La autógrafa de la ley que interpreta la cuestión de confianza regulada en los artículos 132 y 133 de la Constitución, que fue observada por el Ejecutivo y aprobada por insistencia el martes pasado en el Pleno del Congreso, fue publicada en el diario oficial El Peruano. La norma lleva la firma de María del Carmen Alva y Lady Camones, presidenta y primera vicepresidenta del Congreso de la República, respectivamente.
En su artículo único, la ley señala que la facultad que tiene un ministro y la del presidente del Consejo de Ministros de plantear una cuestión de confianza «está referida a materias de competencia del Poder Ejecutivo relacionadas directamente a la concreción de su política general de gobierno, no encontrándose, entre ellas, las relativas a la aprobación o no de reformas constitucionales ni las que afecten los procedimientos y las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso de la República o de otros organismos».
En respuesta, el Gobierno ya había adelantado que presentará una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitución por la ley que regula la cuestión de confianza. La presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, señaló que esta medida busca «velar por el equilibrio de poderes y la conservación del estado de Derecho».
En conferencia de prensa, el ministro de Justicia, Aníbal Torres, recordó que el Congreso de la República no puede modificar la Constitución con la aprobación de esta ley ya que la única manera de hacerlo, explicó, es a través de dos legislaturas ordinarias o en una legislatura ordinaria junto con un referéndum.
«El Congreso ha infringido manifiestamente la Constitución. Esta ley que han dado es inconstitucional, razón por la que, si mañana sale publicada en el diario El Peruano, se interpondrá la acción de inconstitucionalidad, por supuesto, previo acuerdo del Congreso, del pleno del Gabinete, que se va a llevar a cabo mañana», indicó.
«La vacancia y cuestión de confianza se tratan simultáneamente. Con el proyecto que hemos presentado se reducen a lo mínimo, pero, sin embargo, el Congreso queda con otro mecanismo: el juicio político y, además, la censura a los ministros, de manera que resulta exageradamente exagerado que se haya limitado solamente la cuestión de confianza», agregó.
Por su parte, la jefa del Gabinete Ministerial, Mirtha Vásquez, expresó su preocupación por la aprobación de esta norma que calificó como una “interferencia” del Congreso de la República y el impacto que esto pueda tener en el diálogo que ha iniciado con las bancadas parlamentarias con miras a alcanzar acuerdos a favor de la gobernabilidad.
«Presentamos una propuesta producto del Acuerdo Nacional; sin embargo, queremos desde el Gobierno reafirmar nuestro compromiso de diálogo y de concertación con el Poder Legislativo. No vamos a bajar los brazos en nuestro intento en llegar a un relacionamiento adecuado, respetuoso, en el marco democrático y del equilibrio de poderes», apuntó.
