Este martes 29 de abril se publicó en el diario oficial El Peruano la Ley 32314, norma que incorpora como factor agravante el uso de la inteligencia artificial (IA) y tecnologías similares en la comisión de delitos, lo que implica una actualización tanto el Decreto Legislativo 635 (Código Penal) como a la Ley Nº 30096 (Ley de Delitos Informáticos).
A partir de esta nueva ley, conductas ilícitas como la estafa, la difamación, el plagio, la difusión de pornografía infantil y las violaciones a los derechos de autor y propiedad intelectual serán objeto de mayores sanciones cuando se utilicen sistemas basados en IA, como los deepfakes o tecnologías de alteración de voz e imagen, para su ejecución.
En el caso de la pornografía infantil (Art. 129-M), se establece una pena de hasta 12 años de prisión si se utilizan falsificaciones profundas o deepfakes para fabricar o difundir dicho contenido.
Para el caso de la difamación (Art. 132), el uso de montajes digitales que afecten la imagen o reputación podrá sancionarse con hasta 5 años de cárcel. Y la estafa agravada por IA (Art. 196-A) contempla una pena de hasta 8 años.
La norma también protege la propiedad intelectual, la divulgación no autorizada de obras inéditas, el plagio digital y la manipulación de creaciones mediante IA serán castigadas con penas de hasta 8 años de prisión (Arts. 217 al 220-C). Incluso se sanciona la venta o desarrollo de servicios diseñados para eludir tecnologías de protección de derechos de autor.
Además, se incorpora el numeral 5 al Artículo 11 de la Ley 30096, lo cual autoriza al juez a aumentar la pena privativa de libertad hasta en un tercio sobre el máximo legal cuando se empleen tecnologías como IA en la ejecución del delito.
La implementación efectiva de estas modificaciones demandará la presencia de personal especializado en peritaje tecnológico, marcos regulatorios bien definidos y un sistema judicial que comprenda a fondo el funcionamiento de los algoritmos implicados en estos delitos.
Con esta reforma, el Perú da un paso decisivo hacia una regulación penal que reconoce los riesgos emergentes de la inteligencia artificial, estableciendo un marco legal para mitigar posibles abusos y garantizar la seguridad en su uso.
