La presidenta Dina Boluarte enfrenta una tercera denuncia constitucional de parte del Ministerio Público, esta vez por su presunta responsabilidad en las lesiones sufridas por 75 ciudadanos durante las protestas sociales que sacudieron al país entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.
La nueva acusación, presentada el 15 de mayo de 2025 por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, también involucra a varios exministros del Ejecutivo, incluyendo a Pedro Angulo Arana, Luis Otárola, César Cervantes, Víctor Rojas, Vicente Romero y Jorge Chávez Cresta. Según la Fiscalía, estas autoridades habrían tenido responsabilidad directa o indirecta en el uso desproporcionado de la fuerza en varias regiones del país, configurando presuntas violaciones a los derechos humanos.
Esta tercera denuncia se suma a otras dos formuladas anteriormente por los exfiscales de la Nación Patricia Benavides (diciembre de 2023) y Juan Carlos Villena, centradas en los hechos que dejaron más de 70 fallecidos y cientos de heridos durante las protestas. Aunque la primera denuncia, que acusaba a Boluarte por presunto genocidio, fue archivada por falta de pruebas suficientes, el Ministerio Público ha optado por abrir una nueva línea de investigación enfocada exclusivamente en los casos de lesiones graves.
Las protestas estallaron luego de que Boluarte asumiera la presidencia tras la destitución de Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022. Su promesa inicial de convocar a elecciones anticipadas no se materializó, lo que alimentó el descontento popular. Manifestaciones masivas y enfrentamientos con las fuerzas del orden se registraron en regiones como Puno, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Ucayali y Lima.
Organismos nacionales e internacionales denunciaron el uso excesivo de la fuerza y documentaron decenas de víctimas. Aunque la acusación por genocidio fue descartada, el Ministerio Público sostiene que sí hubo un patrón represivo que vulneró derechos fundamentales.
Desde el Ejecutivo, las reacciones no se hicieron esperar. El abogado de Boluarte cuestionó la legitimidad de las denuncias, argumentando que provienen de tres fiscales distintos sobre los mismos hechos, lo cual según afirmó, evidencia una falta de coherencia institucional y una posible motivación política. En la misma línea, el expremier Otárola calificó la acusación como “una ruleta procesal” y acusó a la Fiscalía de abusar de su facultad constitucional.
Para el abogado constitucionalista Joseph Campos, el caso está cargado de un alto contenido político. En su opinión, las denuncias tienen más peso como instrumento de presión que como sustentos jurídicos sólidos.
Ahora será el Congreso quien decidirá si admite o no la denuncia. De ser aceptada, será evaluada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y luego debatida por el Pleno. La decisión se dará en un contexto marcado por la polarización política y una creciente desconfianza ciudadana hacia las instituciones.
