Delfin Yonnathan César Gavilano Vargas,
El diecisiete de abril hemos visto al borde de la náusea cómo la casta del Parlamento voto en mayoría por la Ley Shack; Dicho proyecto fue sustentado en base a falacias por una Congresista del fujimorismo.
La primera de la mentira disfrazada es señalar que, ante el eventual vencimiento del mandato del Contralor en Julio de este año, la figura de un Vice contralor encargado ocasionaría la falta de funcionamiento de la Contraloría. Y el otro argumento mendaz es citar una Sentencia del Tribunal Constitucional cuando se pronuncia sobre el caso del Defensor del Pueblo. Sobre el primer “argumento”, podemos decir que es totalmente falso porque la arquitectura constitucional y legal que existe permite el normal funcionamiento de la Contraloría; está demás decir del respaldo de 94 años de historia institucional en los cuales jamás ha ocurrido afectación a las funciones de la Contraloría. El mismo Contralor cuando sale de viaje publica sendas resoluciones donde justifica la encargatura al Vice contralor más antiguo.
Y sobre el segundo argumento, podemos señalar que se cae solo porque dicha sentencia no tiene una sola línea de referencia a la Contraloría además que las leyes orgánicas de la Defensoría del Pueblo y de la Contraloría son obviamente muy distintas. Cabe preguntarse ¿por qué existe un empecinamiento en dictar esta norma que favorece expresamente al Contralor cuyo mandato debe culminar por mandato constitucional el 19 de julio de 2024? Ya lo han dicho varios Congresistas y analistas políticos; la intención es sostener en el cargo a un “peón político” que durante sus más de seis años de gestión se ha dedicado a desmantelar el Sistema Nacional de Control mediante el fracasado “Control Concurrente” que ha servido para engordar las cuentas corrientes y para convertir al Sistema en un ábaco apacible de la gran corrupción. todos los años las cifras de dinero que pierde el Perú por la corrupción se incrementan astronómicamente, demostrando una gestión absolutamente inepta.
De otro lado, el peón político impulsa una Ley denominada “Ley del Auditor Gubernamental” que contiene una serie de normas inconstitucionales lesivas a los derechos humanos de los trabajadores. El proyecto de Ley busca captar a trabajadores inexpertos, genuflexos y amordazados a los intereses de la gestión inepta.
En conclusión, ambos proyectos de ley de entrar en vigencia, darán un golpe mortal al Sistema Nacional de Control para convertirlo en una poderosa arma política y así doblegar a los adversarios internos y externos de la Contraloría. La lucha contra la corrupción será muy debilitada, diría desintegrada. Pero muchos periodistas y ciudadanos están distraídos (pensando de buena fe) con casos como los Rolex, la torta del allanamiento o los disparates de la celda de Castillo; Perú, reacciona, reacciona.
*Abogado
Subsecretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Contraloría General de la República.
