La Comisión Permanente del Congreso otorgó a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) quince días hábiles para que presente el informe final respecto a las denuncias constitucionales contra el vacado expresidente Pedro Castillo y el gabinete del extitular de la PCM Aníbal Torres por haber interpretado el rechazo de plano de la cuestión de confianza como una denegatoria.
Esta denuncia constitucional acoge las acusaciones 318, 320, 322, 324 y 325 planteadas por los congresistas Patricia Chirinos (Avanza País), Adriana Tudela (Avanza País), Héctor Valer (Somos Perú) y Juan Burgos Oliveros (no agrupado).
La SAC aprobó la denuncia de un lado; esto quiere decir que Pedro Castillo es acusado solo por haber vulnerado los artículos 38 y el numeral 1 del artículo 118 de la constitución (cumplir y hacer cumplir la carta magna y los tratados, leyes y demás disposiciones legales), por lo que se solicita una sanción tanto para el vacado ex mandatario como para los exministros por presunta infracción a la Constitución.
Asimismo, en el caso de los exministros que firmaron el acta, la demanda los absuelve de la presunta comisión de los delitos de coacción y omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, falsedad ideológica y desobediencia a la autoridad, por lo que también se pude que se mande al archivo.
No obstante, dicha denegatoria fue firmada en un acta por todos los integrantes del entonces gabinete Torres, a excepción de la ahora presidenta Dina Boluarte.
