Ricardo Sánchez Serra*
En los últimos años, Turquía ha estado bajo un creciente escrutinio internacional debido a las acciones de su gobierno, liderado por Recep Tayyip Erdogan. Acusaciones de persecución a opositores políticos, restricciones a la libertad de prensa y violaciones a los derechos humanos han puesto en cuestión el compromiso del país con los valores democráticos y los principios universales de derechos fundamentales.
Persecución a opositores y debilitamiento de la democracia
Uno de los casos más representativos de represión política es el del alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, una figura clave de la oposición. Ha enfrentado investigaciones y procesos judiciales que muchos consideran políticamente motivados, diseñados para limitar su capacidad de acción y debilitar su influencia. Este caso es solo uno en un patrón más amplio de represión hacia opositores, que ha incluido el encarcelamiento de líderes políticos, periodistas y activistas bajo acusaciones cuestionables, consolidando un entorno político que deja poco espacio para la disidencia.
El Movimiento Hizmet, un colectivo pacifista basado en valores educativos y altruistas, se ha convertido en una de las principales víctimas del gobierno de Erdogan. La persecución contra este movimiento comenzó en 2013, tras sus denuncias de corrupción que involucraban a altos funcionarios del gobierno. Desde entonces, Erdogan ha intensificado su campaña represiva, señalándolos injustamente como responsables del fallido intento de golpe de Estado de 2016.
Los integrantes de Hizmet han sido objeto de encarcelamientos masivos, despidos arbitrarios y, en violación de las fronteras soberanas de otros estados, han enfrentado secuestros extrajudiciales y solicitudes de extradición. Pese a estas adversidades, el movimiento ha mantenido su enfoque pacífico y su compromiso con los valores de educación, diálogo y servicios a la comunidad. Países como Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Suecia, Panamá y, en dos ocasiones, Perú, han rechazado las solicitudes de extradición, reconociendo la persecución política detrás de estas peticiones.
Restricciones a la libertad de prensa y expresión: Otro ámbito de creciente represión es la libertad de prensa, que ha experimentado un marcado retroceso en Turquía. El país lidera la lista de naciones con mayor cantidad de periodistas encarcelados. Los medios de comunicación independientes han sido cerrados sistemáticamente, mientras que aquellos que critican al gobierno enfrentan persecuciones legales. Este control absoluto de la narrativa mediática ha marginado a las voces críticas y ha limitado gravemente el acceso a información imparcial, consolidando un entorno de propaganda estatal.
Relaciones internacionales, la OTAN y el caso de Perú
El giro autoritario del gobierno turco también genera tensiones en su posición como aliado estratégico en la OTAN, una alianza fundada en valores democráticos y respeto a los derechos humanos. Las medidas represivas de Erdogan han expuesto una contradicción fundamental entre las acciones del gobierno turco y los principios esenciales de la organización. A pesar de ser un socio geopolítico clave, Turquía ha estado años esperando su ingreso a la Unión Europea, sin éxito, debido a las preocupaciones por su deterioro democrático y sus violaciones sistemáticas de derechos fundamentales.
En este contexto, Perú y Turquía están próximos a realizar un mecanismo de consultas bilaterales, en el que Ankara propondrá un acuerdo de extradición. Este acuerdo, sin embargo, debe ser firmemente rechazado por Perú, que tiene la responsabilidad de priorizar la defensa de los derechos humanos por encima de cualquier interés político o económico. Aceptar tal acuerdo abriría la posibilidad de que personas perseguidas injustamente, como los miembros del Movimiento Hizmet, enfrenten graves riesgos bajo un sistema judicial turco ampliamente señalado por su falta de independencia.
La situación en Turquía representa un claro ejemplo de los riesgos que enfrentan las democracias cuando los derechos fundamentales son ignorados o erosionados. La comunidad internacional, incluyendo países aliados como los miembros de la OTAN y democracias en desarrollo como Perú, debe adoptar una postura firme para exigir al gobierno turco el respeto a los derechos humanos, la libertad de prensa y los valores democráticos.
Perú, en particular, tiene la oportunidad de enviar un mensaje contundente rechazando cualquier acuerdo de extradición que pueda poner en peligro a personas perseguidas injustamente. Mientras el Movimiento Hizmet, con su enfoque pacífico y su compromiso con el progreso social, sigue siendo un ejemplo de resistencia ante la opresión, los gobiernos democráticos del mundo tienen el deber de garantizar que los derechos fundamentales prevalezcan por encima de las relaciones diplomáticas o intereses geopolíticos. Turquía tiene el potencial de ser un líder regional, pero este futuro solo será posible si se reconcilia con los principios esenciales de justicia, democracia y libertad.
*Premio Mundial de Periodismo “Visión Honesta 2023”
