Por: Alejandro Marco Aurelio Capcha Hidalgo
Periodista: Reg.-N°-4654-
En la historia del Perú nunca hemos llegado a situaciones que con saña los delincuentes se dan el lujo de arrinconarnos ante una creciente ola de criminalidad que ha traspasado los intentos de inspección, observación por parte del Estado. La delincuencia, lejos de menguar, ha arrogado formas más violentas y organizadas, como el sicariato, y la extorción generando un ambiente de terror que afecta psicológicamente la vida frecuente de los peruanos. En este escenario, la polémica sobre la tipificación del “terrorismo urbano” en la legislación penal es una respuesta necesaria, aunque no libera de debates.
La iniciativa legislativa en la Comisión de Justicia del Congreso dictaminó recientemente su aprobación en la que se admite el “terrorismo urbano” en el Código Penal refleja el consenso parcial entre los legisladores sobre la necesidad de endurecer las penas para los delitos que generan terror en la población. Asimismo, también evidencia las discrepancias dentro del propio Congreso, donde un grupo de congresistas optó por abstenerse de votar, mostrando reservas, desconfianzas que complican una respuesta legislativa unánime a la crisis de inseguridad que crece vertiginosamente.
La tibieza de algunos congresistas para llegar a un acuerdo unánime en esta materia resulta preocupante, considerando que la violencia que arruina al país afecta a todos los sectores o segmentos sociales, sin distinción alguna.
El ámbito de la controversia es alarmante; la demora en llevar el dictamen al pleno del Congreso, pese a haber sido aprobado en junio, solo aceleró tras la presión de los transportistas, quienes paralizaron sus labores en protesta por el asesinato de varios conductores y heridos a manos de estas hienas salvajes de perturbadores.
Esta dilación en el debate refleja la desconexión entre la urgencia ciudadana y las prioridades políticas, evidenciada en la decisión de los parlamentarios de priorizar su Semana de Representación, en lugar de convocar un pleno temático sobre seguridad ciudadana. La solicitud formal de la bancada de Renovación Popular para debatir este tema en un pleno especial fue ignorada por el Congreso, prolongando la inacción frente a la inseguridad galopante.
Hay que resaltar, la creación de una legislación que tipifique el “terrorismo urbano” ha sido impulsada tanto por congresistas de diversas bancadas como por las municipalidades de Lima y Los Olivos.
Esta iniciativa busca dotar de herramientas legales al Estado para combatir con mayor rigor a las bandas criminales que utilizan métodos terroristas para extorsionar, intimidar y asesinar. Sin embargo, voces como el ex ministro de defensa ahora parlamentario Roberto Chiabra plantean una óptica más rotunda: estos delitos deberían ser considerados directamente como actos terroristas, sin adjetivos que los debilite.
La distinción entre “terrorismo urbano” y “terrorismo” es, para muchos, innecesaria, ya que ambos buscan el mismo fin: generar miedo y caos en la sociedad, adujo Chiabra.
Exidistantemente, la congresista Rosselli Amuruz de Avanza País trabaja en una iniciativa legislativa para sancionar con destitución a jueces y fiscales que favorezcan la libertad de criminales capturados en flagrancia. Esta medida responde a una preocupación legítima: la impunidad con la que operan muchas bandas criminales se ve favorecida por la ineficiencia o corrupción en el sistema judicial. La propuesta busca corregir estas fallas, aunque su impacto dependerá de su efectiva aplicación.
El experimentado general de la Policía Nacional y exministro del Interior Gastón Rodríguez ha subrayado que ninguna norma, por severa que sea, podrá tener éxito si no se reforma integralmente el sistema de justicia. Sin una adecuada coordinación entre el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Policía Nacional del Perú, las nuevas leyes serán meramente simbólicas o letras muertas.
Para Rodríguez, la reestructuración de estas instituciones es el paso inicial para combatir eficazmente al crimen organizado. Solo después de realizar esta “profilaxis”, como él la llama, se podrá pensar en la aplicación de penas más severas.
En este sentido, la creación de una Fiscalía ad hoc para delitos como la extorsión es crucial. La propuesta del Gobierno de conformar una Fiscalía Supraprovincial especializada en extorsión y el anuncio de la creación del Grupo Operativo contra la Extorsión (Gorex) son esfuerzos importantes, pero insuficientes si no se abordan de manera integral.
Para que estas iniciativas sean efectivas, se requiere inversión en tecnología para rastrear a los criminales, capacitación especializada para los efectivos de la PNP y una estrategia coherente y centralizada en la lucha contra el crimen organizado.
La incredulidad, duda del fiscal Jorge Chávez Cotrina respecto a la necesidad de una Fiscalía especializada en extorsiones subraya la falta de consenso dentro del propio aparato estatal. Mientras no se logre una coordinación efectiva entre los operadores de justicia, los esfuerzos de la Policía Nacional podrían resultar en vano, generando frustración tanto en las autoridades como en la ciudadanía. En efecto y desenlace, la lucha contra el crimen organizado en Perú requiere no solo leyes más estrictas, sino una reforma estructural de las instituciones encargadas de aplicarlas. La creación de nuevas normativas, como la que tipifica el “terrorismo urbano”, debe ser acompañada por una reingeniería del sistema de justicia. Sin una verdadera estructuración entre los poderes del Estado, los esfuerzos para combatir la criminalidad continuarán siendo insuficientes, perpetuando la inseguridad y el miedo que hoy dominan el panorama nacional dado que no existen políticas de seguridad para los ciudadanos.
