Por: Alejandro Marco Aurelio Capcha Hidalgo
Periodista: Reg.-: N°-4654-
Es crucial que los debates electorales aborden la regionalización, no para discutir los planes específicos de los candidatos, sino para que la ciudadanía comprenda las consecuencias socioeconómicas y políticas del actual modelo. Durante la campaña electoral, el foco no debe estar en cómo los políticos planean regionalizar, sino en educar a los votantes sobre los problemas inherentes a la actual estructura de regionalización. Más importante que conocer la postura de los candidatos sobre la implementación de la regionalización, es que los peruanos entiendan la problemática actual (socioeconómica y política) generada por el proceso ya en marcha. Los debates previos a las elecciones deben priorizar la comprensión pública de los fallos socioeconómicos y políticos de la regionalización actual, en lugar de centrarse únicamente en las propuestas abstractas de los políticos. El énfasis en los debates electorales no debería ser la visión de los políticos sobre cómo regionalizar, sino la urgencia de analizar y entender los problemas reales que la actual regionalización está produciendo en el ámbito socioeconómico y político del país.
Plantear el tema de una nueva regionalización a los candidatos es ponerle una soga al cuello electoralmente.
Es fundamental que cualquier proceso de reordenamiento regional se conciba de manera participativa, a través de una discusión amplia en todo el país, con el fin de asegurar que responda a las necesidades e intereses de la mayoría de los ciudadanos. La corrupción, un mal endémico, requiere de marcos institucionales robustos para su contención, ya que nunca se erradica del todo. Asumir la persistencia de la corrupción nos obliga a fortalecer las estructuras administrativas como único baluarte eficiente para fiscalizar el poder político
La creación de 26 regiones, 196 provincias y cerca de 1,800 distritos durante el gobierno de Alejandro Toledo sugiere que la descentralización de 2002 fue diseñada con un enfoque prioritariamente político antes que técnico o administrativo.
Uno de ellos es la dificultad para controlar la corrupción. El vasto andamiaje burocrático existente ha propiciado un entorno donde la supervisión efectiva de la corrupción es extremadamente ardua. La complejidad y extensión del sistema actual representan un obstáculo formidable para contener los actos corruptos. Controlar la corrupción se vuelve una tarea casi imposible debido a la excesiva amplitud de la estructura. Asimismo, el Costo de fiscalización vs. dinero malversado en numerosas jurisdicciones, los presupuestos son tan módicos que el costo de auditar la gestión supera la cantidad de dinero desviado. Muchos distritos operan con fondos tan limitados que resulta más costoso fiscalizar el desfalco que el monto robado. La escasez presupuestaria a menudo implica que el valor de perseguir la malversación sea mayor que la suma defraudada. También consecuencias (descontrol y eficiencia limitada). Por ende, la falta de control es mayúscula y la eficacia administrativa es muy reducida. El resultado es un desgobierno generalizado y una capacidad de gestión sumamente ineficaz.
En consecuencia, se observa un desmanejo total y una efectividad administrativa extremadamente baja. De igual manera el debilitamiento del poder ejecutivo. Adicionalmente, este esquema ha mermado la autoridad política del presidente y sus ministros. Esta configuración socava la posición política del ejecutivo, dejando al presidente y su gabinete sin la potestad necesaria para actuar decisivamente. La estructura actual ha debilitado al gobierno central, que carece de la fuerza requerida para tomar medidas cruciales en coyunturas críticas.
A pesar del tiempo, las ciudades afectadas por el terremoto del sur chico (2007) y el Fenómeno del Niño Costero (2016-2017) aún no han sido completamente reparadas, lo que se evidencia en el ejemplo que sigue.
