Tras el derrame de petróleo que contaminó el mar peruano, las autoridades emprendieron una investigación a la empresa multinacional de Repsol sobre las medidas de seguridad y limpieza debidas para un caso de desastre ambiental.
En la legislación peruana dice que cuando ocurre un desastre de estas características, la empresa está obligada a desplegar un plan de contingencia, acto que no habría realizado de manera adecuada Repsol, según varios especialistas y autoridades del rubro.
De hallarlos culpables, se estima que va haber una multa que supera los USD 35 millones, cifra que representa el 1,8% del total de ventas que obtuvo en 2020.
Al momento de la investigación, se encontró que Repsol tenía registrado 32 infracciones ambientales en el Perú por la OEFA. Estas infracciones van a ser implementadas por el OEFA y el MINEM, en lo que va ser un Registro Único de Infractores Ambientales Sancionados (RUIAS), por lo que será de acceso público, gratuito y permanente.
En el registro se podrá identificar a las personas naturales y/o jurídicas que hayan sido declarados responsables administrativos, por los incumplimientos de sus obligaciones ambientales, contenidas en la normativa ambiental vigente según lo que el OEFA le haya dictado.
La mayoría de las infracciones fueron por no realizar el monitoreo de residuos aceitosos, sanitarios y químicos, u omitir el monitoreo de emisiones gaseosas, de calidad del aire y de ruido ambiental.
