La ONU ha advertido que América Latina es una especie de «caja negra» en cuanto a datos sobre el comercio ilícito de especies, aunque la «información limitada» disponible indica que maderas como el cocobolo y animales silvestres como el pepino de mar se encuentran entre los especímenes más comercializados en la región.
«Solo unos pocos países de América del Sur nos comunican sistemáticamente sus datos, por ejemplo, Brasil y Perú», aseguró el coordinador del Programa Global para combatir delitos contra la vida silvestre de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), Jorge Ríos.
La UNODC utiliza la información de confiscación para medir la tendencia de los delitos contra la vida silvestre y los bosques en el mundo, la cual recoge en el World WISE. Este es una base de datos que contiene información de casi 180,000 confiscaciones en 149 territorios y países.
Según esta base de datos, entre 1999 y 2019 se capturaron unas 6,000 especies, entre ellas mamíferos, reptiles, corales, aves y peces. Ninguna especie es responsable de más del 5% de los decomisos; además, no se identificó ningún país como origen de más del 9% de todos los envíos incautados, y se identificaron presuntos traficantes de 150 nacionalidades.
Con base en los limitados datos de incautaciones disponibles para la zona, se puede afirmar que las especies madereras del género Dalbergia son producto de gran volumen de comercio ilícito, en cuanto al caracol reina y los corales, todos ellos medidos normalmente en kilogramos.
Las maderas del género Dalbergia son muy demandadas por su alta calidad para la fabricación de muebles de lujo o instrumentos musicales, dentro de ellas está la jacaranda, el palo de rosa, el cocobolo, el granadillo negro y el tuli brasileño.
El último Informe global de UNODC sobre delitos contra la vida silvestre y los bosques en 2020, indica que la demanda de madera de especies tropicales ha aumentado drásticamente en las últimas dos décadas.
Asimismo, el funcionario de la ONU indicó que los países con altos niveles de biodiversidad, incluso para estas especies, y con poca capacidad de aplicación de la ley tienden a ser los más afectados por la caza furtiva y el tráfico. Pero esta es una visión muy parcial basada en un número limitado de incautaciones.
