La lucha por la democracia en Perú no ha terminado

Autor: Ricardo Zedano

Tras el aparente golpe de Estado perpetrado por la élite política de la decadencia, enquistada en el poder desde hace mucho tiempo, rechazada por la mayoría de los peruanos, la juventud peruana, denominada generación del bicentenario, salió a las calles en defensa de la democracia peruana que finalmente derivó en la renuncia de Manuel Merino, quien representó durante 5 días a los que concentraron el Ejecutivo y el Legislativo en sus manos, quien, como lo escribió en una carta abierta el célebre periodista César Hildebrandt, reunió la mugre y el miasma, al prontuario y a la requisitoria, a la ignorancia y a la avidez.

Sin embargo, el haber logrado la renuncia de Merino y de sus ministros, es solo un mensaje a esos que se denominan parlamentarios, a la nociva élite política: los cambios en beneficio de la nación son inevitables; lugar para corruptos en el Honorable Congreso de la República no habrá. La fiesta está por terminar. Para ello, es necesario:

  • que como mínimo los 68 congresistas investigados en el Ministerio Público de los 105 congresistas que vacaron a Martín Vizcarra sean cesados, que renuncien a sus escaños, ya que están violando el artículo 113 de la Constitución concerniente a la incapacidad moral según interpretación de los mismos,
  • que se anule la concesión por 20 años a la empresa Pangeaco S.A.C., subsidiaria del Grupo Telefónica que, según la SUNAT, adeuda 360 millones de soles al Estado peruano. El negocio tuvo lugar el 12 de noviembre último, fecha en que juramentó Augusto Valqui como titular del MTC,
  • que se fije la misma fecha en que se realizarán las elecciones generales para la realización del referendo sobre la necesidad imperante de reformar la Constitución, que se exija el retiro del 100% de las ONP y AFP, que no se toque el Presupuesto General ni la Sunedu, que se anule la inmunidad parlamentaria, para de alguna manera evitar que dichos parlamentarios sigan saqueando el país y sean procesados inmediatamente, que se prohíba la reelección parlamentaria, que se quite el sueldo vitalicio a los ex presidentes corruptos, sobre todo del de Merino: ¿qué hizo este señor por el Perú para merecerlo? No olvidar que hay familias que merecen una indemnización por la pérdida o daño físico de sus hijos que fueron víctimas del “gobierno efímero” de Merino.

Supongamos que el actual presidente Francisco Sagasti realmente quiera obrar con honestidad y entrega en favor de la nación peruana. Para ello debe ganarse el respaldo de la población cumpliendo como mínimo con alguno de los puntos antes mencionados. Pues de otra manera, solo no logrará hacer algo, ya que está rodeado de los que usurparon el poder prácticamente con la bendición del Tribunal Constitucional.

Así es, no oyeron mal, con la bendición del Tribunal Constitucional, pues el pleno de dicho Tribunal rechazó por mayoría la demanda competencial presentada por el Ejecutivo sobre los alcances del uso de la incapacidad moral permanente como mecanismo de vacancia presidencial que el Congreso de la República aplicó con respecto al ex presidente Martín Vizcarra.

Y la rechazaron decidiendo resolver por la “sustracción de la materia”, es decir que ya no había nada qué decidir sobre este mecanismo de vacancia presidencial, evitando de esta manera emitir la real interpretación del artículo 113 de la Constitución, inciso 2, que durante 180 años en el Derecho Constitucional del Perú hace referencia a la incapacidad mental, ya que de haberlo hecho, reconocían la evidente violación de la Constitución y por ende hubieran reconocido que el Congreso perpetró un golpe de Estado en el Perú.

Los magistrados Manuel Miranda, Ernesto Blume, Augusto Ferrero y José Luis Sardón fueron los que votaron por la improcedencia de la demanda, dándole la espalda al Perú. Los magistrados Marianella Ledesma, Carlos Ramos y Eloy Espinosa-Saldaña fueron los que votaron en favor de la demanda. En conclusión, el TC se lavó las manos como Poncio Pilatos y de esta manera se prestó y se prestará para que los “honorables” parlamentarios vaquen a cualquier presidente que no responda a los intereses de esa nefasta élite política que insiste en mantenerse en el poder pese a los evidentes casos de corrupción en los que está involucrada.

Si esos incapacitados mentales o morales siguen colmando la paciencia de la población peruana con sus asaltos prácticamente a mano armada y en plena luz del día, podría repetirse un pasaje desagradable de la historia peruana: el 27 de julio de 1872 aparecieron los cuerpos de los hermanos Tomás y Silvestre Gutiérrez colgados de las torres de la Catedral de Lima como resultado del abuso político de los mismos, pues no hay que olvidar que en estas mismas calles de Lima fueron asesinados dos jóvenes que salieron a protestar pacíficamente por las mismas razones, y otros tres se encuentran hospitalizados de gravedad.

Así que, como podrán entender, la lucha por la democracia en el Perú aún no termina. No se puede dar tregua alguna a los corruptos adheridos como garrapatas al Congreso, se tiene que insistir en el cumplimiento de los puntos antes mencionados ya que representan las premisas para un cambio de sistema político-económico que responda a las necesidades de la gran mayoría en nuestro país y que se requiere con gran urgencia.