Por: Alejandro Marco Aurelio Capcha Hidalgo
Periodista: Reg.-: N°-4654-
La inseguridad ciudadana constituye un problema de especial relevancia y atención, toda vez que afecta la vigencia de derechos de primer orden, como a la vida, a la integridad y a la libertad de las personas y porque, además, perjudica la estabilidad y el desarrollo de la nación.
Más que delitos comunes, la corrupción y el crimen organizado constituyen amenazas a la seguridad del Estado y comprometen el pacto social en los contextos constitucionales contemporáneos. Asimismo, la criminalidad organizada y la corrupción como amenazas sistémicas a la institucionalidad democrática.
El crimen organizado, al infiltrar el Estado, socava el Estado de Derecho, generando impunidad, distorsionando la justicia, capturando instituciones y vulnerando derechos fundamentales, creando un poder fáctico que reemplaza la soberanía estatal, afectando la confianza pública y la economía formal, transformando la lucha contra el crimen en una defensa de la propia democracia y sus garantías. El escenario peruano se caracteriza por la consolidación de un sistema de economías ilícitas, que, al infiltrarse mediante la corrupción, configuran una criminalidad de alta complejidad.
El escenario peruano se caracteriza por la consolidación de un sistema de economías ilícitas, que, al infiltrarse mediante la corrupción, configuran una criminalidad de alta complejidad.
la simbiosis entre corrupción y crimen organizado, donde se retroalimentan: el crimen necesita corrupción para operar (impunidad, lavado de activos) y la corrupción se beneficia del poder y dinero criminales, siendo ambos un «mal endémico» que desestabiliza instituciones y economías, una visión reforzada por documentos que resaltan cómo el crimen infiltrado en el Estado y el lavado de dinero son sus pilares, afectando gobernabilidad y desarrollo. Erradicar estas redes es una empresa titánica/colosal. La actuación oportuna e intersectorial debe ser parte de todas las estrategias, tanto judiciales como políticas, orientadas a su erradicación» es similar a: Se requiere una respuesta integral, coordinada e inmediata. La cooperación interinstitucional es fundamental para el éxito de las estrategias. Las acciones deben ser multifacéticas y sostenidas en el tiempo. Es imperativo un enfoque holístico que abarque medidas legales, políticas y sociales. Dada su naturaleza sistémica y su infiltración en el aparato estatal, se necesitan acciones contundentes y permanentes.
la lucha contra el crimen no justifica sacrificar derechos fundamentales como el debido proceso o la presunción de inocencia, sino que requiere reforzar las garantías para defender el Estado de derecho, citando principios como «la eficacia del Estado y la vigencia de las garantías no se excluyen, sino que se refuerzan mutuamente», similar a posturas de la Sociedad Peruana de Constitucionalistas y jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el equilibrio entre seguridad y libertades, y la defensa constitucional del orden democrático.
