Denuncia constitucional
La Fiscalía de la Nación formalizó este jueves (15 de mayo de 2025) una denuncia constitucional contra el expresidente Pedro Castillo Terrones, a quien imputa el presunto delito de peculado de uso en agravio del Estado. El documento, presentado por el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales del Ministerio Público, detalla hechos ocurridos en 2022 durante la gestión presidencial de Castillo. En concreto, la acusación sustenta que el exmandatario empleó aeronaves militares para desplazamientos de carácter personal, prescindiendo de cualquier justificativo oficial. Según la Fiscalía, estos actos “encajarían en la figura penal de peculado de uso” (artículo 388 del Código Penal), que sanciona el uso no autorizado de bienes estatales por parte de un funcionario
Uso indebido de aeronaves militares
La denuncia se centra en dos viajes en los que Castillo habría utilizado aviones del Ejército del Perú sin agenda oficial:
Viaje en avión a Chiclayo (7 y 9 de mayo de 2022): De acuerdo con el informe fiscal, el exmandatario viajó en un avión Cessna Citation XLS (matrícula EP-861) junto a su hijo hacia la ciudad de Chiclayo (región Lambayeque) el 7 de mayo, regresando el 9 de mayo de 2022.En esas fechas no se registra ninguna actividad oficial programada en Chiclayo, según confirmó el Despacho Presidencial, lo que indica que los vuelos se efectuaron fuera del ámbito institucional.
Viaje en helicóptero a Chota (24 de junio de 2022): El segundo episodio involucra un helicóptero militar MI 171 ShP (EP-680) empleado el 24 de junio de 2022 para trasladar a familiares del presidente. Viajaron en la aeronave su cuñada, varios sobrinos y otro de sus hijos, con destino al distrito de Llama, provincia de Chota (región Cajamarca). De acuerdo con el despacho fiscal, ninguno de estos acompañantes estaba incluido en la comitiva oficial registrada para esa fecha. Este hecho reforzó la hipótesis de que el viaje respondía a motivos personales del mandatario y no a tareas institucionales.
La Fiscalía detalla que en ninguno de los dos vuelos se encontró documentación que justificara un fin oficial. En el caso de Chiclayo no había ni agendas ni actos públicos programados; en el de Chota, aunque hubo eventos con autoridades, los familiares transportados no participaban en ellos. Estos elementos conforman el fundamento de la imputación por peculado de uso, dado que implican el uso de aviones del Estado “para fines distintos a los institucionales” sin estar autorizados.
Por ahora, la Fiscalía espera la decisión parlamentaria. El caso se suma a otros procesos abiertos contra Castillo, quien permanece en prisión preventiva en el penal de Barbadillo desde diciembre de 2022 tras el intento de golpe de Estado de ese mes. Su situación procesal incluye al menos una denuncia por presunto cohecho y varias investigaciones por casos de corrupción en su gobierno. La evolución de la denuncia por peculado de uso dependerá de los tiempos del Congreso; la Subcomisión tiene ahora la responsabilidad de aprobar o desechar este nuevo cargo constitucional, y en caso afirmativo definir los siguientes pasos del proceso.
