En una acción de control coordinada, la Contraloría General intervino simultáneamente, los gobiernos regionales de Ayacucho y Cusco. Equipos de auditores ingresaron para recopilar datos que faciliten la verificación y fiscalización de la ejecución de la inversión pública, incluyendo contrataciones, pagos a proveedores, nombramientos de funcionarios, entre otros, desde enero de 2023 hasta abril de 2024.
El propósito de la acción, es prevenir, detectar y revelar posibles irregularidades en los procesos de contratación y ejecución de obras y proyectos llevados a cabo por los gobiernos regionales d Cusco y Ayacucho.
Este operativo se destaca por haber sido precedido por un análisis realizado por la Contraloría, en el cual se identificaron riesgos relacionados con las inversiones públicas en ambas regiones. Esta evaluación se llevó a cabo mediante el análisis de datos provenientes de diversas fuentes públicas, obtenidos mediante la interoperabilidad y la inteligencia de datos. lo cual han permitido enfocar la intervención para el control gubernamental.
El equipo de auditores que accedió a las instalaciones regionales recabó datos relativos a la utilización del presupuesto por parte del Gobierno Regional. Se dispone de los decretos que han autorizado la redistribución de fondos desde el Poder Ejecutivo, como el Decreto de Urgencia N.° 020-2023 (por un monto de S/66 millones), el Decreto Supremo N.° 161-2023 (por S/15 millones) y el Decreto de Urgencia N.° 006-2024 (por S/100 millones).
Asimismo, se examinarán las transferencias realizadas para financiar proyectos de inversión, que superan los S/500 millones. Entre estos proyectos se incluyen las obras para mejorar el servicio educativo en cuatro facultades de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, con una inversión de S/232 millones y ejecutadas bajo la modalidad de administración directa, lo que implica su gestión por parte de la propia entidad. También se investigará la contratación para las obras del Hospital de Apoyo de Puquio, por un monto de S/294 millones.
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