La Asamblea dio amnistía a varios líderes ambientales y sociales pero la criminalización continúa en Ecuador

El pasado 10 de marzo se aprobó la amnistía a 268 líderes ambientes, sociales, indígenas y de derecho humanos en la Asamblea Nacional de Ecuador. En ese listado aparecen 153 personas defensoras del territorio, 12 vinculados a temas de administración de justicia indígena, 43 defensores de la naturaleza y 60 personas judicializadas durante la protesta social de octubre de 2019.

La amnistía ofrecida por el legislador es el resultado de un largo proceso llevado adelante por diversas organizaciones sociales y de derechos humanos desde el año pasado. La lectura del informe final elaborado por la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea, comenzó en la noche del 9 de marzo, seguida de una discusión sobre el informe y la votación final alrededor de las 4:00 am de mañana.

Se aprobaron las amnistías por mayoría: hubo 99 votos a favor, 16 en contra y 10 abstenciones. Sin embargo, el 29 de marzo el Ejecutivo, en cabeza del presidente Guillermo Lasso y su entonces ministra de Gobierno Alexandra Vela, presentaron una demanda de inconstitucionalidad en contra de la decisión tomadas, porque consideran que benefició a personas que son procesadas por delitos comunes, lo cual no se puede incluir en dicho proceso que se reserva solo para indultos por cuestiones humanitarias o delitos políticos.

Este proceso está teniendo un largo proceso que ha traído oposición, donde la Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador había publicado un informe sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos, colectivos y de la naturaleza. Además, identificaron a 449 personas defensoras en riesgo, amenaza o que habían sufrido violaciones a sus derechos. Vivian Idrovo, abogada y coordinadora de la Alianza, asegura que después de eso se empezaron a hacer reuniones lideradas por Acción Ecológica para juntar más casos y solicitar las amnistías en la Asamblea.

Ella asegura que la criminalización es una forma de entorpecer la labor de defensa de derechos promovida por los líderes. “Se ejerce abusivamente del derecho penal en contra de personas que no tienen recursos para defenderse, que por lo general están en una situación de discriminación. Ellos tienen que destinar recursos a estos procesos y eso les produce angustia, tienen al Estado y, en muchos casos, a empresas muy poderosas en contra de ellos”, le dice Idrovo a Mongabay.

Por eso, para las organizaciones sociales, ambientales y de derechos humanos, la amnistía es una justificación para el trabajo de defensa del territorio.