Por: Alejandro Marco Aurelio Capcha Hidalgo.
Periodista: Reg.-N°-4654-
La separación de poderes es fundamental para mantener el equilibrio y la estabilidad política en una sociedad de Estado de Derecho, en un sistema democrático, Si no se obedece está hipotecado al desgobierno, certificando inminentemente al peligro a un estado de derecho. Ello esclarece porque el vergonzoso Martín Vizcarra Cornejo disolvió el Consejo Nacional de la Magistratura, CNM y creó la Junta Nacional de Justicia, JNJ, detentando a sastre, todo hecho a su medida.
En este escenario, la reciente intervención de la Junta de Fiscales del Perú en política y su intento de movilizar a la ciudadanía contra el Congreso de la República plantea una preocupación aún más seria sobre la integridad y el equilibrio institucional en el país.
A pesar de ello, esta situación no es nueva. De la década de 1990, con las organizaciones terroristas casi derrotadas, una siniestra ONG conocida inició la gradual penetración en el sistema de la administración de justicia. Primero se asoció con una universidad privada prestigiosa lamentablemente ahora la mayoría congregados por caviares -dizque para “capacitar”- a jueces y fiscales. Esa capacitación, por ejemplo, estaba destinada a desarrollar orientaciones interpretativas de los tratados internacionales de los que el Perú es parte.
Es por esa razón que, desde entonces, los fiscales peruanos desarrollaron la doctrina de que los delitos de lesa humanidad solo son cometidos por agentes del Estado y no por particulares. Esto en contra de la realidad que nos demuestra que las organizaciones terroristas, como Sendero Luminoso liderado por el carnicero de Abimael Guzmán o el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, MRTA, del criminal Víctor Polay Campos, quienes cometieron crímenes atroces que empalman o articulan perfectamente como delitos de lesa humanidad.
La masacre en la provincia de Sucre, distrito de Soras en Ayacucho, la más despiadada ejecutada por las hienas senderistas, en la que más de un centenar de campesinos fueron asesinados durante el recorrido de un ómnibus de transporte interprovincial, solo porque sus pueblos se oponían a someterse a los terroristas. La masacre de Las Gardenias, en Tarapoto, en la que terroristas del MRTA asesinaron a sangre fría a homosexuales y otras personas inocentes en un acto que ellos llamaron de “limpieza social”.
Estas dos horrendas masacres no han sido calificadas como de lesa humanidad por los fiscales adoctrinados por esta ONG y su zarrapastroso e desmelenado cabecilla. Las muertes permanecen impunes mientras ellos se llenan los bolsillos con el sucio dinero de una empresa brasilera ligada a la megacorrupción.
Es evidente que la justicia en el Perú esta secuestrada por una ONG-estudio de abogados que es en la práctica un partido político financiado con recursos del extranjero que nadie controla ni fiscaliza. Esta ONG es la principal impulsora de la judicialización de la política. En este siglo se ha dedicado a perseguir hasta la muerte a sus adversarios políticos. Con la complicidad de jueces y fiscales “capacitados” por ellos.
La justicia en el Perú está secuestrada. Los secuestradores son una ONG, una organización criminal que actúa con absoluta impunidad.
Por tal razón que el comunicado de la Junta de Fiscales Supremos y otro de fiscales oponiéndose a la aprobación de normas ligadas a la lucha contra la corrupción son evidencia de este secuestro judicial en el que todos los peruanos somos víctimas, y la Junta Nacional de Justicia, JNJ, bien, ¡gracias!
El Ministerio Público, o fiscalía en defensa de la legalidad no deberían verse comprometidas por ambiciones políticas o agendas personales de sus miembros, como está sucediendo.
Es imprescindible reformar y reprochar la intervención de la Junta de Fiscales del Perú en asuntos políticos y su pretendido intento de movilizar a la ciudadanía contra el Congreso. Es crucial que el Perú despierte y se libre de este secuestro agravado. Los culpables algún día deberán rendir cuentas a los 33 millones de peruanos. Y la Junta de Fiscales debe retomar su papel primitivo y original, enfocado correctamente en la defensa de la ley y la justicia, y dejar la política en manos de los partidos políticos. La administración de la justicia debe ser limpia y diáfana.
