Fiscal José Domingo Pérez acusó a la lideresa del partido fujimorista de haber actuado de manera irregular, intentar manipular los testimonios de investigados y testigos, lavado de dinero para empresas producto de sobornos, entre otros.
El fiscal especial José Domingo Pérez ha acusado a Keiko Fujimori de instrumentalizar el partido político Fuerza Popular, heredero del legado del dictador Alberto Fujimori, para captar fondos económicos de origen ilícito en beneficio propio y de la cúpula de la organización criminal. Según Pérez, Fujimori orienta, coordina y ordena a la representación congresal promover y dictar leyes a favor de los grupos económicos que aportaron a las campañas electorales de 2011 y 2016.
El martes 2 de julio, Pérez inició la presentación oral de la acusación penal ante los jueces del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional contra Keiko Fujimori y 40 coacusados. Los cargos incluyen delitos de organización criminal, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración en el caso Cócteles.
En esta segunda audiencia del mega juicio, Pérez detalló los delitos y hechos imputados a Fujimori. El fiscal concluirá su intervención el 9 de julio, presentando las imputaciones concretas y las penas solicitadas para los acusados, así como las pruebas que sustentan los cargos. Ese mismo día, los procuradores de lavado de activos expondrán la reparación civil que deberían pagar Fujimori, Fuerza Popular, los coacusados y la empresa MVV Bienes Raíces.
A partir del 10 de julio, los abogados defensores presentarán sus documentos en contra de la acusación del Ministerio Público. El Juzgado Colegiado definirá el orden de presentación de las defensas, comenzando probablemente con la abogada Giuliana Loza, representante de Fujimori. Los jueces Juana Caballero, Nayko Coronado y Max Bengoa han expresado su intención de que el juicio avance con celeridad y termine en un tiempo prudencial.
El fiscal Pérez ha señalado que la organización criminal de Fuerza Popular es heredera del legado de Alberto Fujimori y ha utilizado distintos nombres en el pasado, como Cambio 90 y Fuerza 2011. Pérez indicó que los procesos electorales fueron usados para captar dinero ilícito con el fin de obtener poder político, impulsar leyes favorables a los aportantes y buscar impunidad para sus delitos. Pérez también mencionó que las fuentes de financiamiento ilícito de Fuerza Popular incluyen actos de corrupción de Odebrecht, que aportó 1,2 millones de dólares; defraudación del Grupo Credicorp, con un aporte de hasta 3,5 millones de dólares; y contribuciones del Grupo Rasmuss y la Confiep, que sumaron 7,5 millones en las campañas de 2011 y 2016. Además, señaló aportes de 15 mil dólares provenientes del narcotraficante Luis Calle Quirós. En total, el dinero ilícito captado ascendió a 17,3 millones de dólares.
El fiscal acusó a Keiko Fujimori de ser autora directa y mediata de los delitos mencionados, además de ejercer liderazgo en la organización criminal y definir roles para la captación y uso de fondos ilícitos en las campañas electorales. Según Pérez, Fujimori ordenó a la cúpula del partido obstruir investigaciones con proyectos de ley que buscaban modificar procesos legales contra organizaciones criminales y lavado de activos.
Entre los testigos citados por el fiscal están empresarios y excongresistas que declararán sobre los presuntos delitos de Fujimori. Estos incluyen a Antonio Camayo, Patricia Donayre, Rolando Reátegui, Dionisio Romero y otros, quienes aportarán pruebas y testimonios sobre la entrega de dinero y la instrumentalización del partido Fuerza Popular.
El desarrollo de este juicio será crucial para determinar la responsabilidad de Keiko Fujimori y los otros acusados en los delitos de corrupción y lavado de activos, así como para el futuro de Fuerza Popular en el escenario político peruano.
