El Tribunal Constitucional (TC) declaró fundada la demanda de hábeas corpus presentada por la defensa de Keiko Sofía Fujimori y anuló las resoluciones judiciales que permitieron abrir un proceso penal por el denominado “caso Cócteles”.
Con ello, el juicio que pesaba sobre Fujimori y su partido por presuntas aportaciones ilícitas a las campañas de 2011 y 2016 queda archivado, salvo que se reevalúe su situación jurídica bajo nuevos criterios. Según el fallo, la investigación fiscal y el proceso penal vulneraron el principio de legalidad penal, ya que se aplicó una figura delictiva inexistente en el momento en que ocurrieron los hechos investigados.
El TC argumentó que la acusación basada en la figura de “receptación patrimonial” no podía ser usada retroactivamente, pues esto afectaba el derecho fundamental de toda persona a no ser juzgada por leyes creadas con posterioridad a los hechos. Asimismo, el tribunal declaró nulas las resoluciones judiciales que rechazaron los recursos de la defensa y el auto de enjuiciamiento, anulando también la nueva acusación fiscal presentada en julio de 2025.
El pronunciamiento señala que el proceso contra Fujimori se extendió de manera excesiva, generando incertidumbre y vulnerando el derecho al plazo razonable. En ese sentido, el TC pidió al Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional revisar la situación jurídica de la ex candidata presidencial “en el más breve plazo”, con lo cual se pondría fin a uno de los procesos más mediáticos y prolongados de los últimos años.
Para la defensa de Fujimori, la decisión representa una reivindicación legal y política. Su abogada, Giulliana Loza, afirmó que “se reconoció que Keiko fue investigada por hechos que no eran delito”. Sin embargo, la sentencia ha desatado un amplio debate en el ámbito jurídico y político sobre los límites del control constitucional y el alcance del TC para intervenir en decisiones judiciales.
Desde una perspectiva política, el archivo del caso fortalece la posición de Keiko Fujimori de cara a las próximas elecciones, al presentarse como una figura liberada de las acusaciones que la persiguieron durante más de siete años. No obstante, diversos analistas advierten que el fallo podría marcar un precedente riesgoso, al permitir que el TC revierta procesos penales en curso y limite la capacidad del Ministerio Público para investigar delitos complejos como el lavado de activos.
El “caso Cócteles” se había convertido en uno de los principales emblemas de la lucha contra el financiamiento ilegal de campañas políticas en el Perú. Por ello, el fallo no solo cierra un expediente judicial, sino que reabre la discusión sobre la relación entre justicia, política y poder.
¡Mientras el Tribunal Constitucional defiende su decisión como un acto de respeto a los derechos fundamentales, parte de la opinión pública teme que esta resolución signifique un retroceso en la lucha contra la corrupción y un nuevo episodio de impunidad en la historia política del Perú.
