Karelim López y las empresas chinas que operaron en el Perú

Las empresas chinas operan en Perú desde el año 2018, durante el gobierno de Martin Vizcarra hasta el actual gobierno de Pedro Castillo.

Como evidencia de sus dichos, Karelim López entregó al Ministerio Público un USB con una lista de siete adjudicaciones irregulares en favor a empresas chinas realizadas por Provías Nacional.

El 25 de Agosto del año pasado dos representantes de las constructoras, Guo Hongbing de China Railway N°10 y Wang Wei de China Civil Engineering, cuestionadas por el testimonio de Karelim López participaron en el encuentro técnico que organizó Ángel Aragón, para la construcción de un hospital en Cusco y Tacna.

Todo inicia cuando Karelim Lopez a través de su testimonio menciona que “el presidente Pedro Castillo, sería integrante de una mafia enquistada en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en el que también participan […] 5 congresistas de Acción Popular”. Como evidencia de sus dichos, entregó un USB con una relación de adjudicaciones supuestamente dirigidas desde el gobierno.  

Durante su testimonio menciona también a algunas empresas chinas, poniendo en tela de juicio su reputación, a pesar de que esas empresas se encuentran cuestionadas, se descubrió que dos de ellas tuvo lugar en el encuentro que realizó Aragón en el mes de Agosto para la construcción de un hospital en Cusco y Tacna.

la Contraloría y la Fiscalía ya anunciaron que investigarán a fondo los contratos de las empresas chinas mencionadas, la colaboradora eficaz 001-2022 busca las evidencias que prueben cada una de sus acusaciones.

Empresas chinas en Perú

Se encontró que 10 empresas chinas tienen una importante presencia en el país, desde el año 2018, en el gobierno de Martin Vizcarra habiendo ganado 13 mil millones de soles, por haber realizado 94 contratos en Perú de saneamientos, hospitales, pistas y carreteras. El Ministerio de Transportes le proporcionó 56 adjudicaciones de esos contratos o obras realizadas.

Las empresas chinas tienen problemas de reputación en Venezuela y Ecuador, por actos fraudulentos denunciados por el Banco Mundial.

En el año 2020 durante el gobierno de Vizcarra la directiva 001-2020-OSCE fue retirada del congreso, quedando fuera de competencia medio millar de constructoras en plena pandemia.