Tras dos meses de audiencias en el penal de Barbadillo, el proceso del juicio al ex mandatario ha ingresado a la etapa de evaluación de pruebas presentadas por la Fiscalía para sustentar la acusación de rebelión, luego del fallido intento de golpe de Estado con el que Castillo pretendió disolver el Congreso y romper el orden constitucional.
Una vez concluidas las pericias, se dará paso a los alegatos finales de la Fiscalía y las defensas. Según los abogados Walter Ayala (exministro de Castillo), Raúl Noblecilla (defensa de Betssy Chávez) y el penalista Andy Carrión, el fallo podría emitirse entre julio y agosto.
La Fiscalía solicita 34 años de prisión para Castillo, 25 para la ex premier Betssy Chávez y 15 para el exasesor Aníbal Torres. Durante el juicio, declararon 20 testigos, incluidos los exjefes policiales Raúl Alfaro y Jorge Angulo, quienes confirmaron que Castillo ordenó cerrar el Congreso y detener a la fiscal Patricia Benavides. También testificaron congresistas como Diego Bazán y Adriana Tudela, quienes relataron que fueron impedidos de ingresar al Parlamento el día del golpe.
En esta etapa se analizarán la computadora donde se redactó el decreto golpista, el video sin editar del discurso de Castillo, y pruebas sobre sus intentos de fuga a México.
El proceso, sin embargo, enfrenta trabas por parte de la defensa de Betssy Chávez, que intenta apartar a los jueces del caso alegando parcialidad. Pese a que una recusación ya fue rechazada, se ha presentado un nuevo recurso que deberá resolverse en breve, aunque no se espera que retrase significativamente el juicio.
La estrategia alternativa de Pedro Castillo
Aunque el expresidente Pedro Castillo ha optado por no defenderse directamente ante la Sala Penal Especial, sus abogados exploran otras rutas para lograr su liberación. Entre ellos, el exministro de Defensa Walter Ayala, informó a Perú21 que ha interpuesto dos recursos judiciales con ese objetivo.
“He presentado un habeas corpus contra la sala argumentando falta de imparcialidad, y otro proceso para que el juicio se reinicie desde cero, porque no se configura el delito de rebelión”, explicó.
Simultáneamente, Ayala solicitó una polémica medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el propósito de restituir a Castillo en la presidencia.
En caso de que esas opciones no prosperen, hay un “plan C”: postular a Castillo al Senado y pedir su excarcelación bajo el argumento de que, al aspirar a un cargo público, demostraría arraigo en el país.
No obstante, esta estrategia podría quedar anulada si el Congreso decide inhabilitarlo. En ese sentido, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ya ha dado el primer paso al aprobar dos denuncias constitucionales en su contra.
