José Ugaz, exprocurador anticorrupción, analizó el caso de extradición del expresidente Alejandro Toledo, luego que la jueza estadounidense, Laurel Beeler, suspendiera de manera temporal la medida que lo traería al Perú para responder ante la justicia.
Además, precisó que, si bien la suspensión tiene un plazo de siete días, el pedido de anulación presentado por Toledo Manrique no prosperaría y tendría que ser desestimado el próximo 6 de marzo.
«La decisión de fondo ya está tomada. El sistema norteamericano, como todos los sistemas garantistas, al lado del proceso de extradición, siempre permite la posibilidad de que se plantee un habeas corpus si es que se considera que ha habido una violación a algún derecho fundamental que puede terminar impactando negativamente de manera injusta en la libertad de un procesado», declaró José Ugaz.
«Aquí hay un habeas corpus ya pendiente ante el tribunal del Noveno Circuito en el que Toledo ha pedido la anulación de todo el proceso de extradición. Y eso evidentemente no va a ocurrir. El proceso de extradición ha sido llevado correctamente hasta donde se sabe. Por tanto, lo esperable es que eso va a ser desestimado el día 6 de marzo del mes entrante», agregó.
Argumento de Toledo
Ugaz indicó que la defensa legal de Toledo planteó otro pedido que pretende suspender todo el proceso de extradición, utilizando como argumento las protestas y la crisis político y social que atraviesa actualmente el país. Debido a ello, mencionó que esta circunstancia no pone en riesgo la integridad de una persona que se dirige a un centro penitenciario.
«Por otro lado, anticipando que eso no le va a funcionar, su defensa ha planteado ante la jueza un segundo pedido alternativo, diciendo que, si no se quiere esperar a que haya una decisión final del Tribunal en ese sentido, suspenda la decisión de este pedido que estoy haciendo hasta que yo pueda presentar una nueva solicitud. La jueza ha accedido. Le ha puesto plazo el 27 de febrero del lunes para que presente a ese Tribunal un pedido de suspensión», mencionó.
«El argumento de Toledo es la crisis político-social por la que está pasando el Perú. Cualquier magistrado con dos dedos de frente va a evaluar qué es lo que está pasando en el Perú y verá que en el peor escenario ha habido situaciones de violencia, manifestaciones públicas, cierre de carreteras. Pero, ¿en qué medida pone en riesgo la integridad personal de una persona que viene a internarse en un penal?», finalizó.
