El día 7 de abril la Autoridad Nacional de Control (ANC) a cargo de Juan Antonio Fernández Jeri, suspendió al fiscal José Domingo Pérez de su puesto del Equipo Especial Lava Jato, días antes de la resolución de la ANC, el fiscal envió un informe que muestra movimientos de dinero ilegal presuntamente a beneficio del partido Fuerza Popular, el partido donde la presidenta es Keiko Sofía Fujimori Higuchi.
En el informe, el fiscal Domingo Pérez expone que, desde el 2010, el partido fujimorista ha percibido más de 13 millones de dólares mediante negociaciones y pactos irregulares con compañías privadas. Entre los grupos empresariales en mención dentro del documento destaca la participación económica de Credicorp, el Grupo Rassmuss, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) y también Inversiones Piuranas S.A.C.
El documento recopila muchas de las indagaciones con vínculos a las contribuciones económicas recibidas de Fuerza Popular desde noviembre de 2010. El partido de Keiko estuvo administrando 3.65 millones de dólares de parte de Dionisio Romero, quien en ese año era presidente de la Credicorp y el nombre del partido político era Fuerza 2011. El empresario Romero se menciona nuevamente, esta vez en la campaña de 2016, donde en marzo de aquel año brindó la suma de 450 mil dólares a miembros de Fuerza Popular.
Según el informe, las conexiones estuvieron presentes en la campaña electoral del 2011, el Grupo Rassmuss entregó la cantidad de 3.5 millones de dólares. El documento indica que exactamente los fondos se mandaron desde la empresa Sudamericana de Fibras en el Callao, en 2010 y 2011. Posterior a ello, Pérez menciona que el grupo Rassmuss hizo aportaciones ilícitas entre el 2015 y 2016 para las elecciones de aquella época. Además, sostiene que por medio de 30 reuniones se habría conseguido 3.73 millones de dólares con la participación del entorno de Keiko, señalando personas como Mark Vito.
