José Domingo Pérez, suspendido fiscal del Ministerio Público, se expresó enérgicamente sobre la crisis que atraviesa la institución, responsabilizando a Delia Espinoza, actual fiscal de la Nación, por permitir que el jefe de la ANC, Luis Fernández Jerí, dicte una agenda política. Según Pérez, la actuación de Espinoza no ha sido la esperada y, en lugar de abrir el Ministerio Público y darle mayor transparencia, ha monopolizado la vocería, lo que ha llevado a una crisis dentro del organismo.
Pérez señala que la actual campaña en su contra tiene su origen en los audios que lo vinculan con Fuerza Popular, los cuales revelan un supuesto complot para apartarlo del caso «Cócteles». El fiscal suspendido considera que la fiscal de la Nación ha actuado con lentitud y ha permitido que los investigados en estos casos, como Fernández Jerí, respondan a una agenda política que afecta la independencia del Ministerio Público.
El fiscal también anticipó que apelará la decisión de la ANC de destituirlo, señalando que recurrirá a la Corte Suprema y presentará una medida cautelar. En sus declaraciones, Pérez no solo criticó la falta de objetividad en la actuación de Espinoza, sino que también denunció la protección de Fernández Jerí, quien habría intervenido de manera inapropiada en el caso de la «organización criminal» que implicaba a la agrupación política Fuerza Popular.
Además, Pérez resaltó que no solo él, sino también otros fiscales como Rafael Vela, están siendo blanco de una «campaña de demolición» para alejarlos de sus funciones. En este contexto, el fiscal advirtió que la crisis institucional se profundiza y que los fiscales que se mantienen firmes en sus investigaciones se ven cada vez más atacados.
El caso «Cócteles», que involucra a figuras de la política peruana, sigue siendo un tema candente en el Ministerio Público, y la incertidumbre sobre el futuro del proceso es cada vez mayor. Pérez destacó que, aunque se le haya apartado de la investigación, las pruebas del caso siguen vigentes y el futuro del juicio dependerá de la capacidad de los fiscales de continuar con la acusación.
