Por: Manuel Ruiz Huidobro Cubas
La Superintendencia Nacional de Migraciones del Perú consideró a pedido de dos congresistas fujimoristas y mediante a un informe interno que Jadiyetu El Mohtar, embajadora en Misión Especial de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), había violado las normas migratorias porque hacía política habiendo ingresado como turista, con pasaporte español y por tanto, se le prohibía la entrada al país.
Fue acusada de haber violado la seguridad nacional y el orden interno. ¿Cuáles eran sus monstruosos delitos? Haber puesto flores ante el Monumento a los héroes de la batalla de Junín, encontrarse con comunidades indígenas amazónicas y firmar un convenio con una universidad.
Estos hechos inocuos no solo ponen en ridículo lo expresado por los funcionarios de Migraciones, sino que por la incompetencia de esta entidad se ha desarrollado una campaña internacional contra el Estado peruano y solidarizándose con Jadiyetu, representante de un pueblo que vive más de 40 años en campos de refugiados.
Ella vino al Perú por un acuerdo entre los presidentes saharaui y peruano. Brahim Gali y Pedro Pablo Kuczynski quienes convinieron en Quito que vendría un emisario saharaui para conversar con PPK. Jadiyetu llegó en junio y estuvo esperando la audiencia que nunca llegó y volvió de España. Al regresar se encontró con la desagradable sorpresa que le habían prohibido el ingreso al Perú.
Migraciones quiso obligarla a ingresar a un avión de regreso, tratándola como si fuera una delincuente. Jadiyetu se resistió. Una funcionaria de Migraciones del aeropuerto, cuando le toca su turno le prohíbe ingresarle alimentos. Esto es abuso de autoridad y violación a los derechos humanos.
Al mismo tiempo, declaraciones de Migraciones a los medios de comunicación expresan que “permanece por voluntad propia en la zona de tránsito internacional del aeropuerto Jorge Chávez… ni tampoco será deportada o expulsada”.
¿Cuánta contradicción entre lo que dicen y los hechos, no?
Además, le ofrecieron un humillante trato que “podía ingresar por siete días con la condición que no declarara políticamente, ni contra un tercer Estado (Marruecos) y que retirara el Habeas Corpus”, que ella de plano rechazó.
El Gobierno peruano debe sancionar los abusos de los funcionarios de Migraciones y normalizar el ingreso de la emisaria presidencial saharaui.
