Las protestas se iniciaron tras la muerte bajo custodia de una joven de 22 años, que fue detenida por no seguir las normas estatales de vestimenta del hiyab, un velo que cubre la cabeza de las mujeres musulmanas. Los medios de comunicación estatales cifran el número de muertos en 41, pero las organizaciones no gubernamentales informan de un mayor número de fallecidos.
Tras más de una semana de protestas contra el Gobierno de Irán, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresó este martes su preocupación por la continua respuesta violenta de las fuerzas de seguridad a las manifestaciones, así como por las restricciones a las comunicaciones que afectan al uso de la telefonía fija y móvil, de internet y de las redes sociales.
“Miles de personas se han unido a las manifestaciones antigubernamentales en todo el país durante los últimos once días. Las fuerzas de seguridad han respondido en ocasiones con munición real”, afirmó en rueda de prensa en Ginebra una portavoz del organismo que añadió que muchos iraníes han muerto, resultado heridos o fueron detenidos durante las protestas.
Ravina Shamdasani explicó que el detonante de las movilizaciones fue la muerte bajo custodia de Mahsa Amini, una joven de 22 años que fue detenida el pasado 13 de septiembre por supuestamente no llevar el hiyab, de acuerdo con los requisitos obligatorios sobre cómo deben vestir las mujeres iraníes.
Aunque las restricciones de las telecomunicaciones dificultan el recuento del número exacto de víctimas y detenciones, los medios de comunicación estatales cifraron este sábado el número de muertos en 41.
Sin embargo, las organizaciones no gubernamentales que vigilan la evolución de las protestas indicaron que la cifra de fallecidos, entre ellos mujeres y niños, es superior a la reportada por las informaciones oficiales y que hubo cientos de heridos en al menos 11 provincias.
“Nos preocupan enormemente los comentarios de algunos dirigentes denigrando a los manifestantes y el aparente uso innecesario y desproporcionado de la fuerza contra ellos. Las armas de fuego nunca deben utilizarse para disolver una concentración. En un marco de congregaciones, sólo deben utilizarse en caso de amenaza inminente para la vida o de lesiones graves”, detalló.
Libertad para los detenidos
Según las informaciones con las que cuenta la Oficina, las detenciones se cuentan por centenares y afectaron principalmente a defensores de los derechos humanos, a abogados, a activistas y al menos a 18 periodistas.
Pese a que el Gobierno todavía no ha anunciado el número total de detenciones, el jefe de policía de la provincia de Gilan explicó que durante tres días de protestas, y solo en esa región se detuvo a 739 personas, entre ellas 60 mujeres.
“Pedimos a las autoridades iraníes que garanticen el derecho a las garantías procesales y liberen a todas las personas que han sido privadas arbitrariamente de su libertad”, solicitó Shamdasani.
La portavoz destacó su preocupación por los efectos que pueda ocasionar la interrupción de los sistemas de comunicación en la población, tales como el intercambio de información, el acceso a los servicios púbicos y la realización de actividades económicas.
“Esto socava numerosos derechos humanos, especialmente el derecho a la libertad de expresión. Pedimos a las autoridades que restablezcan plenamente el acceso a internet”, pidió la vocera.
Del mismo modo, manifestó su inquietud por “la persistente impunidad ante las violaciones de los derechos humanos en Irán”. Entre ellas, enumeró las constantes muertes de manifestantes debidas al presunto empleo de fuerza letal usado por de las fuerzas de seguridad, especialmente en noviembre de 2019, julio de 2021 y mayo de 2022.
La Oficina reiteró su llamado a las autoridades a respetar los derechos a la libertad de opinión, de expresión, de reunión pacífica y de asociación en su totalidad, en calidad de Estado parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
