La Comisión de Fiscalización del Congreso identificó en su informe final que la presidenta Dina Boluarte estuvo médica y legalmente incapacitada para ejercer sus funciones entre el 28 de junio y el 4 de julio de 2023, luego de someterse a varias cirugías estéticas y una intervención funcional.
Durante ese periodo, la mandataria no informó ni al Congreso ni al Consejo de Ministros sobre su estado, infringiendo los procedimientos constitucionales establecidos para garantizar la sucesión temporal del cargo.
El informe advierte que esta omisión podría constituir un presunto delito de omisión de funciones, al frustrar de forma deliberada los mecanismos institucionales destinados a afrontar una ausencia presidencial. También se menciona la posibilidad de considerar una responsabilidad por abandono del cargo, conforme a los artículos 114, 115 y 118 de la Constitución.
En su recomendación, la comisión sugiere al Pleno del Congreso otorgar facultades para investigar formalmente el caso, evaluar las infracciones cometidas y, en última instancia, determinar si cabe iniciar un proceso de vacancia por incapacidad moral permanente.
Finalmente, los congresistas resaltan que la situación representa una grave ruptura del principio de transparencia y responsabilidad presidencial, lo que compromete la gobernabilidad y deteriora la institucionalidad nacional.
Recomienda evaluar infracciones y vacancia de Dina Boluarte
El informe final de la Comisión de Fiscalización plantea tres acciones concretas al Pleno del Congreso. Primero, que se le otorgue el carácter de comisión investigadora para profundizar en el caso. Segundo, que se impulse una modificación al reglamento parlamentario que permita ejercer funciones de indagación de manera continua. Y tercero, que se analicen las posibles infracciones constitucionales que habría cometido la presidenta Dina Boluarte.
“El Congreso debe analizar, de forma objetiva, técnica y política, si las conductas y omisiones atribuidas a la presidenta constituyen una causal de incapacidad moral permanente”, señala el documento. Además, subraya que, dada la reiteración y gravedad de los hechos, el Parlamento tiene la responsabilidad constitucional de determinar si estos comprometen de manera irreversible la integridad moral de la mandataria, y si corresponde, por tanto, declarar la vacancia presidencial.
