Después de varios meses de espera, la comisión ad hoc del Ministerio de Justicia, encargada del proceso disciplinario contra el suspendido procurador general del Estado, Daniel Soria, concluyó su trabajo y presentó su informe al despacho del ministro del sector, Eduardo Arana.
Según el documento al que tuvo acceso un medio local, el presidente de la comisión, Luigino Pilotto, recomendó la destitución de Soria como titular de la PGE. Pilotto concluyó que los hechos que llevaron a la suspensión del abogado en noviembre del año pasado «fueron corroborados».
De acuerdo al informe, que se fundamenta en la denuncia presentada por la Oficina de Control Interno (OCI), se señala que no se cumplieron los requisitos para la designación de Soria en el cargo, lo cual se considera como un «beneficio ilícito».
La OCI consideró que estos hechos justifican imponer al procurador una sanción de destitución, ya que no se evidencian circunstancias que lo eximan de responsabilidad administrativa disciplinaria.
“Por los hechos expuestos, a criterio de esta Dirección existen indicios suficientes que acreditan que el servidor procesado, ha vulnerado los principios de probidad, idoneidad y veracidad”, se advierte en el informe de la comisión.
En noviembre pasado, Soria fue suspendido provisionalmente debido a no cumplir con el requisito de trayectoria exigido por la Procuraduría General del Estado (PGE) al ser nombrado titular de la entidad en el año 2020. En su lugar, asumió Javier Pacheco, quien en ese momento era procurador anticorrupción.
Después de enterarse de su suspensión del cargo, Soria sugirió que la sanción en su contra podría tener motivaciones políticas que involucraban a la presidenta Dina Boluarte.
“Es una hipótesis plausible, porque ha habido muchas resistencias a nuestra participación en ese proceso, a la forma como hemos solicitado ciertas actuaciones. Digamos que esta respuesta es al trabajo que hemos venido realizando. Yo sí establezco una relación de causalidad al respecto”, señaló en su momento a un medio de comunicación.
“Lo que queda claro es que la cabeza del sector Justicia es el actual ministro de Justicia, que a su vez depende de toda la estructura del Poder Ejecutivo cuya cabeza es la presidenta Dina Boluarte. La presidenta no puede ser ajena a estos sucesos, no puede salir a decir que acá hay un procedimiento en el que no participa, porque este procedimiento se ha abierto con fines de destitución”, mencionó.
