El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) informó que el martes 27 (ayer) adoptó medidas “extraordinarias” para evitar el sistema de reclamos de usuarios, ante el “incremento desmedido” de reclamos, apelaciones y quejas dudosas, presentadas a las empresas operadoras, y elevadas al Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos (TRASU) del regulador, en los últimos dos años.
Al cierre del año 2017, las empresas operadoras reportaron haber recibido 2 millones 728,430 reclamos, la mitad de ellos, relacionados al servicio de telefonía móvil. Este incremento de reclamos en la primera instancia, también tuvo impacto en el Tribunal de Reclamos del OSIPTEL, al recibir 233,342 expedientes entre quejas y apelaciones, que superó su capacidad resolutiva.
En consecuencia, se elevó el número de casos pendientes de atención y la extensión del plazo para resolver las quejas y apelaciones hasta por 139 días. (Diario UNO, 27.02.2018).
Denuncias
El año 2017 Aspec denunció a la empresa de telefonía Movistar por el cobro que venía realizando por el alquiler de los decodificadores de televisión por cable. El entonces presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de la República, Juan Carlos Gonzales, calificó el cobro como un “abuso” contra los clientes y podría calificarse como un delito.
Muchos de los contratos que ofrecen las empresas de telefonía se hacen ahora por vía telefónica y no se informa al detalle sobre los alcances del contrato y que tampoco se encuentra información en sus páginas los servicios que adquieren los clientes. Esto trae confusión entre los usuarios que terminan afiliándose a promociones que terminan perjudicándolos.
En el mes de enero del 2017 Indecopi sancionó con multas de 149.49 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) a Claro y Movistar por publicidad que inducían al error a sus usuarios.
C.Q.R.