El hermano de la presidenta Dina Boluarte, Nicanor Boluarte, se encuentra prófugo tras dictarse en su contra una orden de prisión preventiva por 36 meses. La medida, dictada por el juez Richard Concepción Carhuancho, se dio en el marco de una investigación que lo señala como presunto líder de una red criminal que habría influido en la designación de prefectos y subprefectos para beneficiar intereses políticos.
Desde el Ejecutivo, en lugar de enfocarse en localizar al investigado, varios ministros han alzado su voz para criticar la decisión judicial, denunciando una presunta politización de la justicia.
El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, calificó la medida como una violación a los derechos fundamentales y afirmó que la justicia se respeta solo “cuando nos conviene”. Por su parte, el ministro de Vivienda, Durich Whittembury, insinuó que el anuncio de la medida coincidió con el cierre de la cumbre APEC para desviar la atención de los logros del gobierno en el foro internacional.
En tanto, Julio Demartini, titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, sostuvo que no hay bases técnicas para la prisión preventiva y señaló que esta medida podría ser usada para presionar a la presidenta a renunciar.
De otro lado el Premier Gustavo Adrianzén afirmó que la presidenta Dina Boluarte está “consternada” por la situación de su hermano y aseguró desconocer su paradero. Además, denunció que detrás de este caso habría una campaña de desprestigio que busca facilitar su destitución en el Congreso. Según Adrianzén, esta campaña provendría de sectores relacionados con la minería ilegal, simpatizantes del expresidente Pedro Castillo y promotores de la vacancia presidencial.
El paradero de Nicanor Boluarte sigue siendo un misterio. Su abogado confirmó que está desaparecido desde el domingo pasado, justo antes de que se dictara la medida en su contra. Mientras tanto, el Ejecutivo insiste en que la prisión preventiva y el proceso judicial forman parte de una «politización de la justicia» que afecta al país.
La polémica en torno al caso sigue creciendo, mientras organismos judiciales y políticos enfrentan posturas opuestas sobre la independencia del sistema judicial y el uso del poder político en el contexto de una presidencia marcada por tensiones y cuestionamientos.
