Por: Alejandro Marco Aurelio Capcha Hidalgo.
Periodista: Reg.-N°. -4654-
El Pleno del Congreso aprobó la semana pasada que, devuelve la investigación preliminar a la Policía como lo era antes, mediante Decreto Legislativo N°1267, se aprobó la Ley de la Policía Nacional del Perú, estableciendo y normando la estructura organización, competencias, funciones y atribuciones, así como sus regímenes especiales; subrayando que falta una segunda votación la próxima semana.
Una ley imprescindible, ya que se ha demostrado hasta el hartazgo la frustración contundente del absurdo sistema que impuso -y que sigue defendiendo- la mafia caviar. Los fiscales no saben investigar, todos los días liberan a delincuentes y la inseguridad aumenta en el país.
Esta estructura o red, que estableció los caviares en nuestro Perú, no se encuentra en ninguna parte del mundo civilizado. En Inglaterra, EEUU, Suecia o Alemania, la policía investiga y la fiscalía procesa a los delincuentes. Solo en países como el Perú pueden establecer estos errores.
Su último recurso ahora es argüir y recurrir ante el Tribunal Constitucional para que lo declare inconstitucional. Pero desde ya lo adelanto que, ello está consagrado en la Constitución de 1993, donde indica que la policía continúa investigando como siempre. Esto solo cambió cuando se aprobó el nuevo Código (NCPP), para lo cual no se realizó ninguna reforma constitucional.
Como se sabe, es que los caviares y comunistas odian a las fuerzas del orden, y una élite de fiscales quiere mantener sus privilegios de procedencia dudosos.
Cabe resaltar que el presidente del Poder Judicial (PJ) Javier Arévalo Vela, ha rechazado enardecidamente el proyecto de ley del congresista Waldemar Cerrón Rojas, que propone la creación de una comisión parlamentaria para supervisar a jueces y fiscales. Dice que es una injerencia de un poder del Estado en otro.
El mencionado magistrado tiene todo el derecho a protestar y defender los fueros institucionales del PJ. Pero también sería conveniente que mire la viga que tiene en el ojo el PJ, que se ha entrometido ilegal e ilegítimamente en las competencias exclusivas del Congreso.
Hay que Recalcar, el PJ ha repuesto a Zoraida Ávalos como fiscal suprema a pesar que el Congreso, en uso de sus facultades, la inhabilitó. Ha hecho lo propio con Aldo Vásquez y Inés Tello en la Junta Nacional de Justicia (JNJ) también inhabilitados por el Parlamento.
Son decisiones manifiestamente inconstitucionales. Inaceptables intromisiones de un poder del Estado en las decisiones de otro poder. Abiertos ataques al sistema republicano de división de poderes.
Por tanto, el presidente del PJ ha respaldado esos atropellos. Asimismo, ha alentado muevas arbitrariedades cuando declaró que los jueces pueden aplicar o no, según su buen parecer, la ley que precisa los alcances de la lesa humanidad (“control difuso”). Eso es inadmisible. Los jueces están obligados a aplicar las leyes que el Congreso aprueba. Esa es la ESENCIA de la república.
Obviamente, tienen la posibilidad de impugnarlas ante el Tribunal Constitucional, que para eso existe. Pero no pueden desacatarlas porque a ellos no les gusta.
