Harold Forsyth, exrepresentante del Perú ante la OEA, afirmó que según su percepción, el Gobierno había exagerado en su reacción en relación a la admisión de una demanda por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso del terrorista Víctor Polay Campos.
Él considera que tanto la presidenta Dina Boluarte como el primer ministro Alberto Otárola habían actuado de manera desproporcionada en este asunto y especuló que esto podría tratarse de un intento de aprovechamiento político de la situación.
Según las palabras de Forsyth en RPP, el Estado peruano fue debidamente notificado sobre la evolución del proceso. Para que este se convierta en un caso, tendría que pasar mucho tiempo debido a que los nuevos comisionados de la CIDH asumirán el 1 de enero de 2024. En su opinión, se ha creado una gran controversia por la admisibilidad de una demanda que ocurrió hace un año y medio, cuando en realidad el suelo está parejo.
Además, Forsyth se refirió al pronunciamiento de la mandataria Dina Boluarte, quien expresó su rechazo al petitorio del terrorista Víctor Polay y enfatizó que ningún dinero público será destinado a pagarle.
Como es de conocimiento público, Polay Campos ocupó un puesto destacado en el MRTA y hoy se encuentra cumpliendo una condena de 35 años por su implicación en asesinatos y acciones violentas que culminaron en la muerte de numerosos ciudadanos peruanos.
En 2007, un grupo de abogados presentó una solicitud ante la CIDH, la cual fue aceptada a principios de 2022. En la solicitud, el terrorista alega haber sufrido abusos durante su detención y encarcelamiento en distintos centros penitenciarios, acusando al Estado de tratos crueles e inhumanos.
