La Resolución del Jurado Electoral Especial (JEE) de Pacasmayo acusa al presidente del Congreso y al oficial mayor de la institución de haber facilitado bienes públicos para un acto político del partido Fuerza Popular (FPP). Ante ello, les otorga un día para presentar descargos y abre la vía a una posible moción de censura.
El conflicto político electoral adquirió una nueva dimensión cuando el JEE reportó que una cámara institucional del Congreso de la República fue usada para registrar un mitin de Keiko Fujimori el pasado 30 de octubre en Trujillo. La actuación ha sido calificada como una irregularidad grave que vulnera el principio de neutralidad estatal en el proceso hacia las elecciones generales del 2026, y pone al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, y al oficial mayor, Giovanni Forno, bajo la lupa institucional.
El 3 de noviembre de 2025, mediante la resolución N.º 00097-2025-JEE-PCYO/JNE, la coordinadora de fiscalización del JEE presentó dos informes donde se concluye que Rospigliosi y Forno presuntamente infringieron “las normas que regulan la neutralidad estatal en el periodo electoral debido al uso indebido de bienes públicos, a favor de la organización política Fuerza Popular”.
Los informes detallan lo siguiente:
En el informe N.º 38-2025-LCC-JEEPACASMAYO-EG2026/JNE se establece que la cámara del Congreso fue empleada para filmar la actividad política de Fuerza Popular en el mitin de Keiko Fujimori. Esta conducta se encuadra en una presunta infracción al artículo 32 del Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en Periodo Electoral.
En el documento se señala que el Oficial Mayor del Congreso “no cauteló el uso adecuado de una cámara institucional, la cual fue empleada para filmar” dicho acto, lo cual representa una “omisión impropia” y vulnera el deber de vigilancia institucional.
Respecto a Rospigliosi, se indica que él tenía “el deber inexcusable de garantizar que los bienes públicos bajo su custodia como las cámaras institucionales inventariadas sean utilizados exclusivamente para los fines propios de la función legislativa”. Su omisión, según el informe, evidencia “un incumplimiento de sus deberes de vigilancia y control”.
El JEE le ha dado 24 horas de plazo para presentar sus descargos y ha dispuesto que habiliten una casilla electrónica en el portal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para la recepción de notificaciones.
Además, la congresista Ruth Luque anunció que presentará una moción de censura contra Rospigliosi, acusándolo de no asumir la responsabilidad política por el uso de ese equipo institucional en el mitin de Keiko Fujimori.
La dimensión política de este caso es relevante porque ocurre en la antesala de las elecciones 2026, y pone de relieve los riesgos del uso de bienes del Estado en apoyo de campañas partidarias, lo que podría afectar la credibilidad del sistema electoral y la imparcialidad de las instituciones.
Con esta investigación, el JEE no solo apunta a sancionar una conducta específica, sino que también busca reafirmar el principio de neutralidad estatal: que los bienes públicos no sean usados en favor de ninguna fuerza política. Si se confirma la infracción, Fernando Rospigliosi y otros podrían enfrentar sanciones que trascienden lo administrativo y tocan directamente la legitimidad del Congreso. En ese contexto, la respuesta que den hoy marcará un precedente para cómo se regulan y fiscalizan los recursos del Estado en épocas electorales.
