Autor: Ricardo Zedano
El Congreso de la República del Perú interpretó a su manera el concepto de “incapacidad moral”, señalado en el artículo 113 de la Constitución, para vacar al ahora ex presidente Martín Vizcarra, lo que finalmente es interpretado por el pueblo peruano –y mucha razón tiene– como una acción ilícita y en abierta contradicción a las reglas del debido proceso.
Desde el punto de vista histórico la incapacidad moral, cuyo equivalente sería “incapacidad intelectual”, en oposición a incapacidad física no tiene nada que ver con el proceder ilícito, con infracciones de carácter ético, sino con la discapacidad intelectiva, espiritual o psíquica. Bajo este contexto fue consignado el concepto de “incapacidad moral”. En aquel entonces, en que se consigna dicho concepto en la Constitución, no había legisladores futuristas que supieran que dicho concepto tendría otra acepción en nuestros tiempos relacionada con ética u otra cosa parecida.
Si partimos desde ese punto de vista histórico, no es válido el argumento de los que votaron en el Congreso para vacar a Martín Vizcarra como presidente del país aplicando el mencionado artículo 113, ya que, primeramente, se requiere de una actualización o enmienda, si así lo queremos llamar, de dicho concepto para luego aplicarlo, y no solo de este, a propósito. De lo contrario existe el riesgo de que se interprete el contenido de cualquier otro artículo según la conveniencia de congresistas que obran en detrimento de la ley y de la democracia en sí.
La oposición al Legislativo, es decir los que se enquistaron en el Congreso, no podía ni siquiera acusarlo por delitos señalados en el artículo 117 de la mencionada Carta Magna, porque ninguno de esos corresponde a los que se le imputa a Martín Vizcarra, ni siquiera se habla de los que haya cometido antes de asumir el cargo como presidente. Lo que se tuvo que hacer era esperar que termine su mandato y luego hacer que compadezca ante la ley para que responda a todas las acusaciones que se le imputan y no crear el caos con tan insensato proceder en flagrante violación de la Constitución. ¿Por qué no esperaron? ¿Cuál era el apuro?, e ahí el quid del asunto.
Los que tienen que cesar de sus funciones son todos los congresistas que votaron a favor de la vacancia, pues actuaron como unos verdaderos discapacitados mentales, sin pensar en las consecuencias, sin pensar en el pueblo peruano, que ya está bastante golpeado por la pandemia del Covid-19 y por el mal actuar de esos “distinguidos parlamentarios” durante muchos años.
La reacción de la población del Perú milenario contra algo que parece ser un golpe de Estado, es más que comprensible, las protestas en las calles es un testimonio de lo que siente tras años de maltrato y menosprecio por gobiernos que piensan en los bolsillos de los que los constituyen. Valga como ejemplo, el sueldo de un parlamentario es más alto que el de un profesor que forma nuestros jóvenes, que serán posteriormente el futuro de nuestro país, o el de los médicos que dan sus vidas para salvar las vidas de nuestros connacionales en una lucha desigual y sin tregua contra la pandemia del coronavirus. ¿Qué hace el parlamentario? ¿Qué produce? Nada. Esto lo sabemos todos.
En lo que respecta a las protestas el objetivo es claro: la defensa de la democracia peruana, exigiendo:
- Exigiendo el cese inmediato de los 68 congresistas investigados en el Ministerio Público. Si hablamos de ética no tienen ningún derecho a permanecer en el Congreso, ni mucho menos representarnos,
- Exigiendo que las elecciones del 11 de abril sean generales e impostergables,
- Exigiendo que se dé el retiro del 100% de las ONP y AFP,
- Exigiendo que no se modifique la composición del Tribunal Constitucional,
- Exigiendo que no se toque el Presupuesto General ni la Sunedu,
- Exigiendo que se anule la inmunidad parlamentaria, pues esta sirve a los congresistas para hacer de sus fechorías. Si no hay inmunidad, no hay corrupción, por lo menos no la descarada que vemos en nuestro querido a adorado país,
- Exigiendo informar a la nación peruana a través de todos los medios habidos y por haber de lo que el Congreso está haciendo en bien de la misma,
- Exigiendo el compromiso de cada uno de los que conforman el actual Congreso de retirarse voluntariamente de la vida política de nuestro país una vez realizadas las elecciones en calidad de compensación por todo el daño que le han hecho a la nación,
- Exigiendo la no reelección parlamentaria,
El complimiento de estos puntos importantísimos, es obligatorio, si los que concentraron el poder en sus manos quieren finalmente retirarse sin problema alguno y tener una vida tranquila, pues la juventud peruana que les profiere “se equivocaron al meterse con esta nueva generación”, se encargará de que compadezcan tarde o temprano ante la justicia. No lo duden.
Las marchas se están realizando en el marco del derecho a la libre expresión. Y si los que se manifiestan observaren que este Congreso, por nadie reconocido, a propósito, ni a nivel nacional ni internacional, sigue atropellando la voluntad del pueblo, éste está en todo su derecho de aplicar el artículo 46 de la Constitución que dice lo siguiente: nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes. El pueblo tiene el derecho de defender el orden constitucional, si los “ilustres congresistas” que tenemos siguen mostrando “discapacidad moral”, según su convenida interpretación de dichos términos.
Pero antes, los jóvenes deben tranquilizarse y exigir a los que tenemos ahora como “autoridades” a dar la cara a la nación y exigir a que se comprometan a cumplir con la ley, a respetar la Constitución, a cumplir, repito nuevamente, con los puntos que garantizarán una transición pacífica; los jóvenes tienen que actuar con cautela e inteligencia para que nos los usen finalmente los que están interesados en imponer una dictadura con ayuda de la misma. Entre los manifestantes pacíficos ya hay provocadores tanto de uno como de otro grupo de poder, -de esto pueden estar seguros-, que están intentando desvirtuar las protestas con el objetivo de crear el caos total para sacar el mayor provecho posible. Como dice el dicho: a río revuelto, ganancia de pescadores.
Manuel Merino y Antero Flores-Aráoz, uno que cree que las protestas dentro de poco cesarán, seguro por cansancio o quién sabe por qué otra razón; y el otro que no entiende el porqué de las protestas, deben dirigirse a la población descontenta y comprometerse a cumplir con los puntos antes mencionados sin excepción simple y llanamente por que merecen respeto, merecen ser escuchados, y porque de ella emana el poder que se les delega y porque ella es la que se los revoca si no obran de buena fe.
