El Gobierno y los gremios de transporte llegaron a un acuerdo para suspender el paro nacional en Lima y Callao. La decisión se concretó tras una reunión en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), donde ambas partes firmaron un acta que establece la instalación de una mesa de trabajo el próximo 14 de octubre, enfocada en la lucha contra la delincuencia y la protección a los conductores.
El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, destacó que el diálogo permitió llegar a consensos que priorizan la seguridad y la tranquilidad ciudadana. Según precisó, el Ejecutivo busca coordinaciones directas con los ministerios del Interior, Justicia y Transportes, así como con las asociaciones del sector, para elaborar estrategias conjuntas frente a la criminalidad.
“Las extorsiones son una modalidad delictiva que no se veía en el país hace mucho tiempo, y hoy está afectando gravemente al transporte urbano e interprovincial. Por eso hemos acordado conformar esta mesa de trabajo, que será un espacio técnico y permanente para dar soluciones reales”, señaló Arana.
El premier también aseguró que el Gobierno actuará con firmeza ante las mafias que operan bajo amenazas, cobros ilegales y atentados contra unidades de transporte. “No se puede permitir que grupos criminales tomen el control de las calles”, enfatizó.
Acuerdos alcanzados
Durante la reunión participaron representantes del Ministerio del Interior, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), la Superintendencia de Transporte Terrestre (Sutran) y los principales gremios del sector. Entre los compromisos pactados se incluye:
La instalación de la mesa de trabajo el 14 de octubre en la sede de la PCM.
La coordinación de acciones de seguridad entre la Policía Nacional y los gremios de transporte.
La evaluación de medidas legales y administrativas para combatir las extorsiones.
Tras la firma del acta, los gremios anunciaron el levantamiento inmediato del paro, destacando la disposición al diálogo del Ejecutivo.
En los últimos meses, se han registrado múltiples atentados y asesinatos contra conductores de transporte público, principalmente en San Juan de Lurigancho, Ate y Villa El Salvador. Estos hechos motivaron a los transportistas a convocar un paro para exigir mayores garantías de seguridad y atención a las extorsiones que ponen en riesgo sus vidas.
