El Poder Ejecutivo promulgó este viernes 27 de diciembre una ley que amplía el plazo del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 30 de junio de 2025, con la posibilidad de una única prórroga de seis meses adicionales. La norma, oficializada en el diario oficial El Peruano, busca dar continuidad al proceso de formalización de la pequeña minería y la minería artesanal, sectores históricamente marcados por la informalidad.
La iniciativa, aprobada previamente por el Pleno del Congreso, cuenta con la firma de la presidenta Dina Boluarte y el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén. Además de extender el plazo del Reinfo, la ley introduce la creación del Sistema Interoperable de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (SIPMMA), que buscará garantizar la trazabilidad de las operaciones mineras, insumos y productos fiscalizados.
El Reinfo, implementado en 2017, ha sido objeto de severas críticas debido a su baja efectividad. De los cerca de 90.000 mineros inscritos, solo el 2% logró formalizarse según un informe de la consultora Videnza. Además, el registro fue señalado como una herramienta que facilitó la operación de mineros ilegales, ampliando los riesgos de daño ambiental y evasión tributaria.
La promulgación llega en un contexto tenso, tras el anuncio de gremios mineros sobre el bloqueo de la carretera Panamericana Sur si no se ampliaba el plazo del Reinfo. Aunque las protestas han sido suspendidas, especialistas han expresado su preocupación por la falta de reformas más profundas en el sector.
Eduardo Salhuana presidente del Congreso y defensor de la ampliación, calificó la medida como una “oportunidad” para dar una solución estructural a la informalidad minera. Sin embargo, destacó que el verdadero reto radica en implementar mecanismos efectivos de fiscalización.
“El sector de la pequeña minería y la minería artesanal tiene ahora la posibilidad de ordenarse y operar bajo criterios sostenibles. Pero esto solo será posible si se fortalece la supervisión y se garantiza la formalización real de las actividades,” declaró Salhuana.
La norma también establece un plazo de 30 días hábiles para que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) elabore el reglamento que detallará la implementación de las medidas. Entre los objetivos destacan mejorar las condiciones laborales, reducir el impacto ambiental y fomentar prácticas sostenibles.
No obstante, la norma también enfrenta cuestionamientos. Diversos expertos han advertido que, sin un cambio estructural, la extensión del Reinfo podría perpetuar los problemas existentes, incluyendo la expansión de la minería ilegal.
Mientras tanto, todos los ojos están puestos en el Ejecutivo y en cómo gestionará los próximos pasos para garantizar que el sector minero avance hacia la sostenibilidad y la legalidad.
