El primer ministro de Perú, Alberto Otárola, ha presentado la posición del Gobierno peruano ante el Consejo Permanente de la OEA en Washington DC en respuesta al informe de la CIDH sobre la reciente crisis en el país tras la destitución de Pedro Castillo. Durante su intervención, Otárola solicitó formalmente a la secretaria ejecutiva de la CIDH el cierre inmediato de casos en los que terroristas, como Víctor Polay Campos, líder del MRTA, y Florencio Flores Hala, conocido como «Artemio,» están involucrados.
Otárola hizo hincapié en que estos individuos son criminales que intentan engañar a la CIDH con sus peticiones. En cuanto a Pedro Castillo, el ex presidente, Otárola afirmó que está detenido por dos razones irrefutables: el haber perpetrado un golpe de Estado, un delito en Perú, y por acusaciones graves de corrupción que involucran a su gabinete y a él mismo, lo que traicionó los intereses de los peruanos y comprometió el respeto a la Carta Democrática Interamericana.
Respecto a las numerosas muertes ocurridas durante las protestas de diciembre de 2022 y enero de 2023, Otárola subrayó el compromiso del Gobierno peruano en investigar estos eventos. El primer ministro enfatizó que la violencia en esas manifestaciones fue fomentada por grupos extremistas que no representaban a los manifestantes pacíficos. Según el informe de la CIDH publicado el 23 de abril, se documentaron casos de uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades en situaciones específicas.
En resumen, el Gobierno peruano ha instado a la CIDH a no proteger a terroristas como Víctor Polay, ha reiterado las razones de la detención de Pedro Castillo y se ha comprometido a investigar las muertes ocurridas durante las protestas. Estas declaraciones han sido realizadas en medio de un contexto político y social complicado en Perú.
