El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, anunció que el Gobierno enviará una comisión de alto nivel a La Haya para defender a la presidenta Dina Boluarte ante la Corte Penal Internacional. Esta decisión surge tras la denuncia presentada por la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) y la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), acusando a Boluarte por presunta comisión de crímenes de lesa humanidad durante las protests ocurridas ente diciembre 2022 y febrero 2023.
En una conferencia de prensa, Adrianzen explicó: “El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, del cual el Perú es parte, tiene jurisdicción sobre los crímenes de genocidio, lesa humanidad, guerra y agresión. Esta denuncia sostiene que la presidenta habría cometido crímenes de lesa humanidad, una acusación que examina hechos como asesinato, exterminio, encarcelamiento, tortura, violación sexual y otros graves delitos. La sola condición de ataque generalizado y sistemático no se ha presentado y, en consecuencia, en mi opinión, descarta de plano la posibilidad de que esta denuncia pueda ser acogida por la CPI”.
Aprodeh y FIDH buscan justicia en el exterior:
Representantes de Aprodeh y FIDH se reunieron con la Fiscalía de la CPI para presentar evidencia de presuntos asesinatos e intentos durante las protestas en Perú. Acusan que la represión ejercida por el Gobierno de Boluarte resultó en un uso desproporcionado de la fuerza, especialmente contra hombres jóvenes e indígenas.
Cabe destacar que la Corte Penal Internacional no opera bajo las leyes peruanas, lo que implica que la prerrogativa del antejuicio político establecida en la Constitución peruana no impide investigaciones o medidas cautelares internacionales. Especialistas consultados explican que la CPI puede proceder con una investigación independientemente de las leyes locales.
Este paso del Gobierno hacia La Haya busca proteger la imagen de la presidenta Boluarte y refutar las acusaciones internacionales, en un contexto donde la defensa legal y diplomática se intensifica frente a una instancia judicial de relevancia internacional como la Corte Penal Internacional.
