El gobierno de Javier Milei ha anunciado la suspensión de los Créditos Anses, un programa que permitía el acceso a fondos con tasas de interés considerablemente bajas para jubilados, pensionados, personas de bajos recursos y empleados en relación de dependencia. Esta medida, que afecta a sectores de menores ingresos, fue justificada por la necesidad de preservar la rentabilidad del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).
La decisión fue confirmada por Heber Rubén Farfan, subdirector ejecutivo de operación del FGS, y fue publicada en el Boletín Oficial como la primera resolución emitida por la Administradora Nacional de Seguridad Social (Anses). Este movimiento se enmarca en la supuesta «emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional» declarada en el cuestionado DNU 70/2023, cuya vigencia aún depende de los poderes Legislativo y Judicial.
Entre los argumentos presentados, se sostiene que la crisis económica actual dificulta evaluar la inflación y la tasa de interés que se aplicarían en los próximos meses en el mercado de préstamos personales. La suspensión de estos créditos se justifica como una medida preventiva para resguardar la rentabilidad y la liquidez del FGS.
Sin embargo, críticos han señalado que la disolución anunciada del FGS por parte del Ministerio de Economía es lo que realmente pone en riesgo su rentabilidad y liquidez. Durante el gobierno anterior, el FGS experimentó un crecimiento significativo, pero las actuales medidas de suspensión de créditos se basan en una descripción alarmante de la situación económica del país, sin tener en cuenta las políticas implementadas por el gobierno de Milei, como una devaluación pronunciada que afectó los ingresos y contribuyó a aumentar la inflación.
La resolución 1/2024 de la administración Milei ha sido criticada por presentar una serie de adjetivos negativos y advertencias alarmantes sobre la situación social, sin establecer comparaciones históricas recientes para respaldar estas afirmaciones.
