La propuesta presentada mediante una carta al presidente del poder Legislativo, José Williams, busca modificar el Código Penal y el Nuevo Código Procesal Penal.
Según el documento, el objetivo es «reforzar la respuesta del Estado frente a los delitos que afectan la vida, el cuerpo y la salud, asó como los bienes públicos y privados cometidos durante a vigencia de un estado de emergencia».
El texto señala al Tribunal Constitucional cuando indica que, por ejemplo, si bien existe el derecho fundamental a la manifestación, esta no ampara el uso de la violencia como un fin o mecanismo. El TC indica que «los autores de los desmanes, actos violentos o delitos deben ser sancionados sin reprimir a todos los que participan de la protesta».
El Poder Ejecutivo busca realizar cambios en los artículos 121, 122, 159, 186, 189, 200, 204, 206, 273, 279, 279 – A, 279 – B, 279 – G, 280, 283, 315, 365, 366 y 367 del Código Penal. Entre las modificaciones se encuentran:
En el caso de violación de domicilio, la pena pasará a ser entre 2 y 4 años, cuando antes era no mayor a 2 años.
La pena por el daño agravado a un inmueble ajeno estaría entre 4 y 8 años de cárcel, cuando actualmente estipula de 1 a 6 años.
