Un gimnasio ha sido blanco de al menos dos atentados con armas de fuego en menos de 15 días, presuntamente vinculados a una exigencia de extorsión por S/40,000. Su propietario, que dirige el negocio ubicado en la cuadra 9 de la avenida Germán Aguirre, en San Martín de Porres hace aproximadamente 25 años, afirma que ni él ni su madre pueden vivir en paz, ya que han tenido que adoptar medidas extremas de seguridad.
El primer ataque se registró en la madrugada del 15 de octubre, cuando sujetos a bordo de una motocicleta dispararon más de siete veces contra la fachada del gimnasio, ubicado en el segundo y tercer piso del edificio. Los peritos hallaron al menos siete casquillos en el lugar.
Menos de dos semanas después, el domingo 26 de octubre, se produjo un nuevo atentado similar: nuevamente se escucharon detonaciones en torno a las 3 a. m., esta vez con impactos que alcanzaron también la planta baja del inmueble, provocando temor entre los residentes y paralizando la actividad del local.
El dueño del establecimiento, identificado como propietario del negocio Stephano’s Fitness Gym, denunció que los agresores le exigen un pago de S/40,000 a cambio de no atentar contra su vida y la de su madre. Ante la falta de garantías, señaló que ha contratado seguridad privada, porta armas y obliga a su familia a usar chalecos antibalas como medida de protección.
La sensación de desamparo viene acompañada de críticas hacia la comisaría de Condevilla y a la falta de efectivos policiales en la zona, según sus declaraciones. “Prefiero cerrar mi negocio antes que pagar a ningún delincuente”, afirmó.
Vecinos y comerciantes constantes de la zona de Lima Norte manifiestan que no solo este gimnasio sino múltiples negocios han sido objeto de extorsión, lo que incrementa la alarma por la seguridad en la zona.
Por su parte, la Policía investiga los hechos bajo la hipótesis de extorsión. Sin embargo, hasta el momento no se reportan arrestos ni citaciones formales al denunciado. Este caso pone en evidencia la amenaza que representa la extorsión organizada para los comercios y la necesidad de reforzar el estado de protección tanto para los propietarios como para los vecinos en zonas vulnerables de la capital.
