El equipo de fiscales especializados en la lucha contra la corrupción en el poder, perteneciente al Ministerio Público, pidió prisión preventiva de 36 meses para Miguel Girao y Abel Hurtado, quienes anteriormente fungieron como asesores de la fiscal suspendida de la Nación, Patricia Benavides.
Además, se pidió al Poder Judicial que adopte la misma medida para el abogado José Luis Castillo Alva, los empresarios Giancarlo Valer Enciso y Mirtha Gonzales Yep, el oficial de la PNP Jorge Rodríguez Menacho y el exfuncionario Jorge Luis Palomino Quesada. Es importante mencionar que todos ellos están bajo investigación de la Fiscalía por supuestos delitos como cohecho pasivo, participación en organización criminal, entre otros. Se les vincula con una presunta red liderada por Benavides Vargas.
Personas bajo custodia en la Operación Valkiria II
El martes 23 de abril, la Fiscalía llevó a cabo la operación Valkiria XI como parte de la investigación sobre una presunta organización criminal dentro del Ministerio Público. Durante esta acción, las autoridades realizaron detenciones de personas presuntamente involucradas en delitos de corrupción.
Además, el equipo de EFICCOP en colaboración con la Policía Nacional realizó allanamientos en 21 residencias en diversas zonas de Lima Metropolitana. La fiscal superior Marita Barreto dirigió esta operación, que comenzó en la madrugada del 23 de abril.
La Fiscalía señala que Miguel Ángel Girao, junto a Jaime Villanueva y Patricia Benavides, supuestamente tramaron asegurar el nombramiento de Bersabeth Revilla como fiscal suprema provincial transitoria y su asignación en la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por funcionarios Públicos, con el propósito de favorecer a Enma Benavides.
Se afirma que Girao también habría presuntamente negociado con el congresista José María Balcázar para influenciar a la fiscal Carmen Miranda, quien es la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de Lambayeque, con el objetivo de archivar una investigación contra el parlamentario. Esta supuesta acción habría sido a cambio de votar en contra de una denuncia constitucional presentada contra la fiscal suspendida de la Nación.
