En la madrugada del jueves 20 de junio, el Ministerio Público, a través del Noveno Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, llevó a cabo un megaoperativo simultáneo que abarcó Lima Metropolitana, Trujillo, Cajamarca, Huaura, Chimbote y Loreto, en el marco de la investigación por presuntos delitos cometidos en las contrataciones del programa social Qali Warma. La diligencia terminó con la detención preliminar de seis personas y el allanamiento de 16 inmuebles, entre ellos el domicilio del empresario Michael Burga Farro, gerente general de Frigoinca.
El inmueble de Burga, ubicado en un edificio del distrito limeño de Jesús María, fue intervenido por personal de la Policía Nacional y agentes del Grupo Greco, quienes custodiaron el lugar mientras los fiscales recababan evidencia. Burga, hijo del fallecido empresario Nilo Burga Malca, es señalado como presunto autor del delito de organización criminal, junto a Edgar Capani y Miguel Ángel Rosales, por su supuesta participación en una red de pagos ilegales que habría favorecido contrataciones dirigidas a Frigoinca dentro del programa estatal de alimentación escolar.
La hipótesis fiscal sostiene que Frigoinca sobornó a funcionarios del programa Qali Warma para asegurar la compra de conservas marca “Don Simón”, no aptas para el consumo humano, según denuncias públicas hechas en distintas regiones del país. De acuerdo con las investigaciones, los pagos se habrían concretado durante la gestión de Dina Boluarte en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, etapa en la que Fredy Hinojosa, actual vocero presidencial, dirigía Qali Warma.
Testimonios como el de Noemí Alvarado Llanos, excolaboradora de Frigoinca, han sido clave en la investigación. Ella entregó a la Fiscalía conversaciones por WhatsApp y otras evidencias que demostrarían el pago sistemático de sobornos a través de órdenes internas de la empresa.
Cabe precisar que este caso no es reciente. El pasado 23 de mayo, la Fiscalía ya había logrado la detención de cuatro especialistas alimentarios y el allanamiento de 11 inmuebles adicionales en el marco de la misma investigación. Asimismo, el Poder Judicial dictó 36 meses de prisión preventiva contra Ángel Apagueño (Ucayali) y Jean Chiquibala (Amazonas), funcionarios del programa acusados de favorecer irregularmente a la empresa proveedora.
El programa Qali Warma, vinculado al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, atiende a millones de niños en situación de vulnerabilidad, y ha sido uno base fundamental de la política social en Perú. Sin embargo, este escándalo pone en tela de juicio la integridad de sus procesos de adquisición y la vigilancia sobre los proveedores beneficiados.
Por el momento, el Ministerio Público continúa con las diligencias y no descarta más detenciones. En tanto, el MIDIS no ha emitido pronunciamiento oficial respecto a los funcionarios implicados en este nuevo episodio de corrupción estatal.
