La Fiscalía de la Nación ha interpuesto una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra Luis Alberto Otárola Peñaranda, quien ocupaba el cargo de presidente del Consejo de Ministros. El ex colaborador cercano de la presidenta Boluarte es señalado por el presunto delito de negociación incompatible o uso indebido del cargo, tras la contratación de Yaziré Pinedo Vásquez en la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Defensa, lo que habría generado perjuicio al Estado.
Según la hipótesis de la Fiscalía, el ex presidente del Consejo de Ministros habría intervenido de manera irregular en las contrataciones, utilizando a funcionarios de ambas entidades. Dichos funcionarios, indica el documento, integraban su entorno de confianza desde su periodo como titular del Consejo Directivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida).
El caso gira en torno a un reportaje transmitido por el programa «Panorama», que expuso posibles irregularidades en contrataciones estatales relacionadas con el entonces primer ministro. Las investigaciones se enfocaron en el proceso de contratación denominado Pedido SIGA N.º 00183 en la Presidencia del Consejo de Ministros, y las órdenes de servicio N.º 00182 y N.º 00829 en el Ministerio de Defensa. En el primer caso, Yaziré Pinedo Vásquez apareció como la única postora, obteniendo un contrato de entre S/. 2,500 y S/. 3,500 por 30 días; mientras que en el Ministerio de Defensa se le otorgaron pagos de S/. 18,000 y S/. 14,000.
Aunque las contrataciones se realizaron conforme a directivas específicas que regulan adquisiciones menores o iguales a ocho UIT, la Fiscalía concluyó que estas normativas fueron mal empleadas, omitiendo procedimientos como estudios de mercado y favoreciendo una contratación directa. Las declaraciones de funcionarios involucrados, como Ricardo Obeso Julca, confirmaron que las órdenes fueron emitidas directamente por superiores.
Según el análisis de la Fiscalía, los puestos fueron facilitados por funcionarios cercanos a Otárola, tales como Luis Antonio Alemán Nakamine, director de la Oficina General de Administración de la Presidencia del Consejo de Ministros; Ninoska Mosqueira Cornejo, viceministra de Recursos para la Defensa del Ministerio de Defensa; y Giuliana María Horna Padrón, directora de la Dirección General de Administración del Ministerio de Defensa.
Según sus propios testimonios, se determinó que ambos mantenían una relación cercana desde 2020, lo que habría llevado al entonces presidente del Consejo de Ministros a intervenir en los procesos de contratación para beneficiar a Pinedo. Además, se documentaron visitas de Otárola al domicilio de Pinedo Vásquez en Lince, utilizando un vehículo oficial de la Presidencia del Consejo de Ministros.
En su defensa, el ex primer ministro atacó a la Fiscalía, acusándola de participar en un “show mediático” y validando cambios de versión “groseros”. “En un momento en que operan grandes mafias criminales y políticas, el país necesita menos farándula y más seriedad”, afirmó.
Historial cuestionado en el Estado
El exfuncionario ya había sido blanco de cuestionamientos durante su paso por diversas entidades públicas. Fue jefe de la Dirección General contra el Crimen Organizado del Ministerio del Interior, donde su gestión fue criticada por supuestas decisiones cuestionables y falta de resultados en la lucha contra el narcotráfico y crimen organizado.
Posteriormente, asumió la Presidencia del Consejo de Ministros durante el gobierno de Dina Boluarte, donde también fue señalado por un estilo de liderazgo poco transparente. Antes de ocupar cargos en el Ejecutivo, Alberto Otárola fue abogado de Boluarte cuando ella se desempeñaba como jefa de la Oficina Nacional de RENIEC y luego como titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
