Libertad de prensa en riesgo. Bajo la firma del fiscal supremo de Control Interno, Víctor Raúl Rodríguez Monteza, fueron remitidos los oficios que exigen a los periodistas de investigación, Gustavo Gorriti y Rosana Cueva, entregar los audios que involucran directamente a jueces y magistrados del CNM.
El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) reveló los documentos en los que se detalla que ambos medios tienen un plazo de 3 días para entregar dicho material, de lo contrario serán denunciados por “desobediencia a la autoridad”.
El ofició exige tanto a IDL-Reporteros como a Panorama entregar el contenido completo de las grabaciones sin editar.
“Indique quién se los entregó, dónde, cuándo y a través de qué medio (correo electrónico, red social, dispositivo portátil, etc), remite la Fiscalía Suprema a ambos medios.
Tanto Gorriti como Cueva no se presentaron a la Comisión de Fiscalización luego de que esta los citará para que expliquen la procedencia de los audios difundidos. La negativa de los periodistas se basa en mantener el principio de protección de las fuentes periodísticas.
Organismos en contra de disposición
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mediante la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, ha expresado su preocupación ante esta acción del Ministerio Publico: “La Relatoría Especial recuerda que existe un efecto restrictivo de la libertad de expresión sobre cualquier medida que pretenda incautar material periodístico, revelar fuentes o citar a periodistas en calidad de testigos. Todo ello, según expresan, conforme al Principio 8 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la CIDH”, señalan.
Por su parte, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) consideró como “inaceptable” la disposición y mostró su respaldo a los periodistas: “El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) considera las comunicaciones un inaceptable acto de intimidación por parte del Ministerio Público que afecta el derecho a la confidencialidad de las fuentes, una garantía reconocida constitucionalmente y esencial para el trabajo periodístico. El IPYS advierte en el Congreso y en un sector del Ministerio Público, actuaciones contra los informadores que benefician a los corruptos”. “El IPYS se solidariza con los periodistas conminados y se mantiene alerta para defender un ambiente con garantías para la libertad de denunciar actos de corrupción, el desarrollo del periodismo investigativo y el ejercicio del derecho a buscar, recibir y difundir información relativa a la corrupción”, expresaron.
IDL responde
Bajo la autoría de su director, Gustavo Gorriti, IDL-Reporteros respondió públicamente al oficio entregado por el fiscal Rodríguez Monteza.
“Usted empieza esa supuesta investigación amenazando a los periodistas investigadores sin cuyo trabajo usted no tendría nada que investigar” se lee en una parte del texto.
Resaltan la ilegalidad del pedido y la eventual vulneración de los tratados internacionales.
“Su pedido no es solo inadmisible sino ilegal. Usted pretende violar principios constitucionales y convenciones internacionales con fuerza legal en el Perú”, señalan.
F. O. B.
