La Fiscalía de la Nación, en coordinación con la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad, llevó a cabo un allanamiento en las oficinas del congresista de Acción Popular, Raúl Doroteo, como parte de la investigación sobre el recorte de sueldo a sus trabajadores.
La operación, respaldada por una orden judicial del juez supremo Juan Carlos Checkley Soria, se inició en el edificio Fernando Belaunde Terry del Congreso, donde se recolectaron pruebas relevantes para la investigación.
Además de las oficinas del congresista, la Fiscalía también intervino la Comisión Especial de Seguimiento a Emergencias y Gestión de Riesgo de Desastres COVID – 19, ubicada en la avenida Abancay, así como una vivienda en el asentamiento humano Santa Cruz en Ica y otra en la avenida Cortijo en Surco.
El allanamiento se llevó a cabo en el contexto de la denuncia presentada por María Morales, exasesora técnica de Raúl Doroteo, quien reveló que desde que comenzó a trabajar en el Congreso, entregaba el 50% de su sueldo al legislador.
Morales detalló que, tras recibir su primer pago por sus servicios parlamentarios, un hombre de confianza de Doroteo, Ricardo Reyes Ortiz, le indicó que debía entregar parte de su sueldo siguiendo órdenes del congresista. Al confrontar a Doroteo sobre esta situación, el parlamentario confirmó los montos que sus trabajadores debían entregar.
Según la hipótesis de la Fiscalía, Doroteo encargaba a Reyes Ortiz la recolección de estas sumas de dinero. Morales proporcionó detalles de las entregas de dinero realizadas en varias fechas, indicando que el representante de Acción Popular recibía el 50% de su sueldo de manera regular.
En un intento de blindarse contra las denuncias, Doroteo solicitó a su personal de confianza firmar una declaración jurada afirmando que no entregaban parte de sus remuneraciones al congresista. Sin embargo, estas acciones no impidieron que las investigaciones avanzaran y que se llevara a cabo el allanamiento en sus propiedades.
