El allanamiento realizado al estudio de abogados Oré Guardia tuvo como fin establecer si es que se realizaron pagos que sirvieron para corroborar a testigos o imputados vinculados a la investigación por presunto lavado de activos contra Fuerza 2011 (ahora Fuerza Popular), según informó el fiscal José Domingo Pérez.
«Estamos revisando información contable y administrativa para corroborar si se ha pagado a abogados que han servido para coaccionar la voluntad de testigos, imputados o aportantes», indicó el fiscal luego de realizar el allanamiento.
El fiscal anticorrupción explicó que existen indicios para considerar que abogados del mencionado estudio colaboraron para que se presione a los testigos a que cambien las versiones que habían dicho ante la fiscalía.
«Han habido abogados que han sido puestos para que se tergiverse el testimonio de los aportantes, para que den declaraciones que no son exactas, falsas, para coaccionar a testigos o coimputados. Se cuenta con información de que esta conducta podría tener sus orígenes en este estudio», agregó.
Esta diligencia, que tendrá una duración de 48 horas, fue ordenada por el juez Richard Concepción Carhuancho a pedido del fiscal de lavado de activos Domingo Pérez, quien indicó que no hubo resistencia de parte de los trabajadores del inmueble ubicado en San Borja y que por el contrario existió cooperación para acceder a la información pertinente.
«Hay la cooperación por parte de los responsables de este estudio. Nos han permitido acceder a la información contable y administrativa, que es lo que incumbe al Ministerio Público, además de determinar si hay documentación relacionada a recibos de aportaciones o vouchers de las campañas 2011 y 2016«, añadió José Domingo Pérez.
Cabe precisar que el estudio Oré Guardia Abogados en el 2017 estuvo a cargo de la defensa de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Además, fue contratado por Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en Perú, en algunas ocasiones.
A.A.M.
