La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de La Molina solicitó nueve meses de prisión preventiva para Miguel Ángel Requejo Astochado (51), acusado de intentar atropellar a varias personas tras protagonizar una pelea en el restaurante El Charrúa.
Según la fiscal Karen Rosario Cueva Quispe, el imputado habría actuado con alevosía, poniendo en riesgo la vida de al menos cuatro personas que se encontraban en el local al momento del impacto. La investigación comprende los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa, omisión de socorro y daños simples en perjuicio de los propietarios del establecimiento.
El violento incidente ocurrió la noche del 2 de julio, cerca de la medianoche. De acuerdo con las imágenes de seguridad, Requejo habría regresado al lugar a bordo de su camioneta y a toda velocidad, luego de discutir con otros comensales. El vehículo impactó contra la fachada del restaurante en lo que sería un intento deliberado de arrollar a quienes participaron en la gresca.
Inicialmente el caso fue calificado como daños y lesiones culposas agravadas, pero el Ministerio Público modificó la tipificación legal al constatar la gravedad de los hechos. El imputado permanece detenido en la Comisaría de Santa Felicia, en La Molina, mientras se evalúan los elementos presentados por la Fiscalía.
Requejo Astochado ya habría estado involucrado en otros actos violentos. En 2023, fue denunciado por causar daños a un local en San Isidro, tras impactar su vehículo contra una reja. En 2014, fue acusado de presunta agresión física a una vecina con una correa.
Además, la Sucamec informó que desde septiembre de 2021, el investigado se encuentra inhabilitado para portar armas de fuego, tras ser incorporado al Registro de Personas Inhabilitadas debido a antecedentes por delito doloso, lo que motivó la cancelación definitiva de su solicitud de renovación de licencia.
El Ministerio Público reafirmó su compromiso con la defensa de la legalidad y aseguró que continuará con las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y garantizar justicia para las personas afectadas.
