El pasado 16 de noviembre se publicó la Ley 31622, que modifica el Código Penal en temas de crimen organizado, el cual tiene la finalidad de implementar herramientas que sean utilizadas por organismos del Estado con el objetivo de que puedan investigar y condenar el tráfico ilegal de vida silvestre con penas más severas.
Sin embargo, desde hace unas días, algunos grupos del sector pesquero artesanal han manifestado su preocupación pues consideran que la norma puede poner en peligro su trabajo debido a los aspectos restrictivos que pondría trabas al desarrollo de esta actividad.
Al respecto, la fiscal Evelyn Lamadrid, del despacho de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) del Santa, explicó en una reciente entrevista con Ojo Público que considera a la norma un acierto, pues permitirá que la Fiscalía pueda hacerle frente a las grandes organizaciones criminales que trafican ilegalmente con la biodiversidad del Perú.
“Estas organizaciones cometen un delito ambiental con muchos delitos conexos porque necesitan falsificar documentos, financiamiento ilegal, lavado de activos, defraudación de impuestos. Muchos pescadores dicen que las leyes siempre van contra los más pequeños, pero con esta ley, el Estado va contra las organizaciones criminales grandes que utilizan a los pequeños para poder hacer su patrimonio”, indicó.
Por su parte, el Fiscal Superior Titular y Coordinador Nacional de las Fiscalías Especializadas contra la criminalidad organizada, Jorge Chávez Cotrina, explicó a través de una entrevista para LP Derecho, que comprende el temor de los pescadores en ser considerados criminales o miembros de una organización criminal. Sin embargo, precisa que se necesita evidencia clara de que grupos de dos o más personas que practican la pesca artesanal forman parte de un circulo delictivo más grande.
“Nuestros amigos pescadores tienen que estar tranquilos porque esta norma no los va a afectar directamente. Esta norma está dirigida (…) a las grandes organizaciones trasnacionales, porque hay que recordar que el crimen organizado es transnacional”, enfatizó.
En esa línea, la fiscal Lamadrid añadió que en el caso que un grupo de pescadores capture recursos hidrobiológicos en tallas menores a lo establecido, no se les va a investigar como crimen organizado, así sean dos o más personas implicadas en la faena.
La modificación de la norma aprobada aplicaría a “aquellos pescadores que extraen aletas tiburón, que han sido financiados con dinero mal habido y que, sin ningún tipo de autorización, las trafican, transportan y exportan”, precisó.
No obstante, a pesar de los argumentos explicados por los fiscales y diversos especialistas, parlamentarios han propuesto la derogación de dicha norma que viene siendo analizada en la Comisión de Justicia del Congreso. Además, la fiscal Lamadrid señaló con preocupación la insistencia de algunos grupos de pescadores para solicitar su derogación ante el Congreso pero advirtió que habrían intenciones ocultas por medio de campañas de desinformación a través de organizaciones criminales y grandes mafias que realizan actividades delictivas.
Finalmente, la fiscal destacó también el hecho de que diversas organizaciones pesqueras se estén acercando a las FEMA para solicitar información, pues ello demuestra su interés por actuar dentro de la legalidad y que más allá de lo económico están velando por la sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos.
