Por: Alejandro Marco Aurelio Capcha Hidalgo
Periodista: Reg.-N°-4654-
Es minimizar y ocultar y en su ficticia novela a una mayoría del sector “informal-ilegal” que tiene, hace décadas, el control de gran parte del aparato gubernamental. Cabe subrayar el problema que tolera y soporta el sector empresarial formal, que congrega a un 30% de lo más de 2,8 millones empresas, contribuye en nuestro país con el 70% del PBI y genera empleo a 6 millones de compatriotas.
La considerable devastación es negar una realidad que existe hace años, relatando como “riesgos futuros” lo que ya es una nueva normalidad país. Lo que, para intelectuales y tecnócratas sería una anarquía en engendramiento, que, repercute para la mayoría de peruanos, una realidad descarnada.
Cabe resaltar lo cierto es que esta fuerza laboral y emprendedora que reúne a más de 12 millones de peruanos, llamados “antisistema” y “enemigos del desarrollo” por el sector formal, constituye el principal insumo electoral de quien será elegido finalmente presidente del Perú.
Los desafíos claves de los principales gremios empresariales, es reconquistar las regiones con un nuevo discurso emprendedor e inclusivo, que comparta éxito y también ganancias, así ello cueste reformar las viejas reglas de juego de un Estado de derecho que ha devenido en obsoleto y vetusto, por su incapacidad para representar políticamente a las grandes mayorías y no administrar adecuadamente el ascenso social.
La ridícula, ilógica o carente de sentido de que los éxitos empresariales de una generación se conviertan en privilegios automáticos para sus herederos es una de las peores taras sociales que nos dejó la herencia colonial.
La falta visión empresarial llega incluso a niveles inaceptables para quienes creemos en la institucionalidad democrática, cuando quieren impedir que la actual presidente reciba el salario que correspondería al cargo que ocupa. Un populismo absurdo mantuvo este salario por debajo de todos sus subordinados en la estructura administrativa del aparato gubernamental, sin ningún sustento. Que la presidente Dina Boluarte Zegarra, gane un salario mayor que sus ministros y un monto similar al que reciben los congresistas es lo que corresponde. ¿Por qué tendría que postergarse la aplicación de esta reforma al siguiente gobernante?
Si algo deben aprender los grupos de superioridad o élites que conducen el país liderando en los distintos ámbitos de desarrollo es que las nuevas reglas de juego que permitan una convivencia en la sociedad peruana se deben aplicar para todos por igual.
Los privilegios impuestos que impiden el ascenso social de sectores emergentes exitosos no son un derecho. Son una rémora que debemos combatir con meritocracia, mayor competencia y libre mercado. El mercantilismo es el peor enemigo del desarrollo, venga de donde venga, ya sea: del sector ilegal y formal.
