Un nuevo escándalo sacude al partido político Primero la Gente. Un reportaje emitido por el programa Punto Final reveló que ciudadanos peruanos residentes en el extranjero fueron afiliados a dicha agrupación sin su consentimiento, como parte del proceso de inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
Entre los casos denunciados se encuentra el de Nidia Quispe Huamán, quien vive en Chile desde hace casi diez años. Para su sorpresa, figura como militante del partido, pese a que asegura no haber firmado ninguna ficha de afiliación. “Es imposible que yo haya firmado algo así”, declaró. La situación se repite con Estefany Hidalgo Antezana, residente en Francia, y Ángela Hermoza Paz, quien vive en Estados Unidos desde hace tres años. Ambas negaron haber participado en proceso alguno de afiliación, aunque figuran como militantes desde 2022.
Según el reportaje, las fichas con sus nombres fueron presentadas ante el JNE como parte de los requisitos para la inscripción del partido. Estas habrían sido elaboradas usando datos extraídos ilegalmente del sistema del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), a través de una cuenta asignada a Sergio Segura, funcionario de SUNARP, quien negó cualquier participación en el uso irregular de su acceso.
Segura afirmó que su cuenta fue desactivada por Reniec en 2019, pero fue reactivada 17 meses después sin su autorización. El uso indebido de esta cuenta habría permitido el acceso masivo a información personal para alimentar una presunta “fábrica de firmas”.
El mismo reportaje dio cuenta de que más de 6,000 fichas del Reniec habrían sido utilizadas por esta presunta red de falsificación, de las cuales 4,039 personas figurarían como militantes del partido Primero la Gente sin haberlo autorizado.
Un abogado tramitador del Centro de Lima, que se presentó como miembro de esta maquinaria electoral, detalló que el negocio funcionaba con precios por ficha que oscilaban entre los 6 soles, cubriendo los costos de acceso a datos del Reniec, llenado de fichas, colocación de firmas falsas y otros gastos logísticos. “Se cobra según lo que los dueños de los partidos estén dispuestos a pagar”, reveló.
Frente a esta situación, Marisol Pérez Tello, exministra de Justicia y actual militante de Primero la Gente, expresó su preocupación y pidió una investigación inmediata. Sin embargo, descartó renunciar por el momento. “Hasta que no esté segura de que no fue una decisión institucional, no me voy a ir”, declaró. Además, señaló que, aunque siente la tentación de alejarse de la política por el nivel de corrupción, se queda “porque es mi país y no voy a dejar que sea gobernado por la gente incorrecta”.
Este caso se suma a una serie de denuncias que en los últimos años han puesto en entredicho la legalidad de los procesos de inscripción partidaria en el Perú, donde supuestas redes de afiliación masiva habrían distorsionado la voluntad ciudadana para beneficiar a determinadas organizaciones políticas.
